Aprobó medidas urgentes para frenar los casos más graves: suspensión de los desahucios más graves y creación de un fondo de viviendas de alquiler social.
- Plantea por primera vez la dación en pago, con la creación y ampliación de un Código de Buenas Prácticas.
- Tramitó una reforma hipotecaria para completar estas medidas: destacan aquellas dirigidas a evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y alternativas a evitar el caso extremo del desahucio.
- Incorpora las propuestas ciudadanas de la iniciativa popular, que cuenta con más de un millón de firmas, porque tienen el mismo objetivo del Gobierno.
La futura ley que salga de la Cámara conservará el nombre de la iniciativa popular y su contenido contará con las aportaciones de todos los grupos.
- El contenido de la proposición de ley se debatirá en el Pleno en forma de enmiendas.
- Es fundamental que la futura ley responda a los intereses del conjunto de la sociedad y no agrave otros problemas de la crisis.
El drama de los desahucios representa una de las caras más amargas de la crisis económica por lo que hay que atajarlo con responsabilidad.
- Hay que evitar medidas cortoplacistas que dañen irreversiblemente el acceso al crédito y que castigarían especialmente a las familias con menos recursos.
- El objetivo es que ninguna persona sea desahuciada de su primera vivienda y que a la vez el 97% de las personas que pagan sus hipotecas no se vean afectadas por las medidas antidesahucio porque el Gobierno gobierna para todos.
El PP busca el mayor consenso posible en un problema que concierne a todos pero es el PSOE quien ha bloqueado siempre el acuerdo.
El PSOE no hizo nada durante ocho años de Gobierno sobre un problema que lleva arrastrándose desde el inicio de la crisis económica.
La prioridad de este gobierno es y ha sido siempre proteger a los ciudadanos más vulnerables con responsabilidad.
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