Se trata de medidas concebidas como punto de partida para lograr un gran acuerdo parlamentario, y que se firmarán a medidados de febrero.
El objetivo de esta medida es proteger a los colectivos más vulnerables y que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis. Las medidas que proponen el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular:
- Limitar los intereses de demora que exigen las entidades de crédito y los plazos de amortización de la deuda a 30 años. El objetivo es evitar un endeudamiento desorbitado y facilitar que los deudores puedan afrontar sus pagos con mayor solvencia. En esta línea, se reforzará el control sobre la actividad de tasación y su independencia con las entidades de crédito.
- Ampliar el Código de Buenas Prácticas hipotecarias para que más personas puedan beneficiarse de sus ventajas, como la reestructuración de deuda o la dación en pago. Se elevará el umbral de ingresos para poder beneficiarse del código, actualmente limitado en 16.000 euros anuales. Este umbral se adaptará en función de las situación familiar de cada caso.
- Que el juez pueda condonar la deuda que le reste a deudores de buena fe, aquellos que no pueden pagar sus deudas por causas imprevistas. Se perdonará todo lo que exceda del 75% a partir del quinto año de vida de la hipoteca, y del 80% si la hipoteca impagada tiene más de 10 años. Si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda, se reduciría la deuda.
- Que el proceso de desahucio no pueda comenzar hasta el tercer impago del deudor, en lugar del primero, como sucede ahora.
Esta reforma completa las medidas urgentes que puso en marcha el Gobierno para dar respuesta a los casos más graves de desahucios: Suspensión durante dos años de los desahucios en los casos más graves. Creación de un fondo de 6.000 viviendas de alquiler a bajos precios para aquellas familias que ya han perdido sus casas.
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