El PP presenta sus enmiendas para dar solución a quienes están en riesgo de perder su vivienda

El diputado del PP y presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, Pablo Matos, afirmó hoy que el Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y las enmiendas aportadas por el Grupo Parlamentario Popular "dan solución al colectivo más vulnerable de la sociedad, que son aquellas personas que además de perder el empleo están en riesgo de perder su vivienda".

Además, señaló que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley suponen dar una oportunidad a las familias en riesgo de perder la vivienda que constituye su hogar

Asimismo, destacó que, en cuanto a los trámites legislativos, "habrá más oportunidades para solucionar posibles conflictos en el pago de las hipotecas y menos desahucios".

Para Pablo Matos, "el sistema establecido en el Código de Buenas Prácticas en el sentido de posibilitar la reestructuración de la deuda, la posibilidad de una quita sobre el capital pendiente, la posibilidad de la dación en pago con cancelación de la deuda y mantenerse en la vivienda por un período de dos años mediante contrato de arrendamiento, son unas medidas magníficas que ahora se aplicarán a familias vulnerables que están en situación de paro o con ingresos reducidos".

Enmiendas del GPP
Las enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular, contienen varias medidas, muchas de ellas anunciadas por el ministro de Economía durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley, que persiguen cuatro grandes objetivos.

En primer lugar, se eleva el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas a tres veces el IPREM, con lo que es posible acogerse a la reestructuración de la deuda hipotecaria, bien sea obteniendo una carencia de amortización de cuatro años; reduciendo los tipos de interés al Euríbor + 0'25; ampliando el pago de la devolución a 40 años; aplicando una quita del 25% del capital pendiente y en su caso, la dación en pago quedándose el deudor en la vivienda mediante contratos de arrendamiento por dos años, para las familias con ingresos inferiores a 19.164 euros y cargas familiares.

En este sentido, es destacable que, por primera vez, se hace posible la dación en pago para los colectivos más vulnerables, aquellas personas que están cobrando el paro o que tienen ingresos inferiores a 19.164 euros.

Más protección a los deudores hipotecarios
En segundo lugar, las enmiendas del PP contemplan medidas dirigidas a dar mayor protección al deudor hipotecario, como la limitación de los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, que en estos momentos se sitúa en el 4 por ciento, con lo que los intereses de demora no superarán el 12 por ciento, cuando actualmente están entre el 25 y el 29, reduciéndose en más de un cincuenta por ciento.

Entre otras medidas que dan más protección al deudor se incluye que ahora se exigirá el impago de tres cuotas para poder iniciar la ejecución, cuando actualmente con el impago de una es suficiente; que el valor de la vivienda en la subasta no podrá ser en ningún caso inferior al 75% del valor de la tasación fijado en la escritura pública de formalización del préstamo y que se incrementa del 60 al 70 por ciento el porcentaje por el que el banco puede adjudicarse la vivienda.

Asimismo, cuando el banco se adjudique una vivienda, si quedara deuda pendiente, el capital pendiente se podrá reducir en un 35% si el deudor salda la deuda en los cinco años siguientes, o en un 20% si la salda en los 10 años siguientes.

Además, si el banco vende la vivienda en los 10 años siguientes a la adjudicación, el 50% de las plusvalías se destinará a la minoración de la deuda y también se regula, por primera vez, la venta extrajudicial de la vivienda por medio de notario.

El tercer objetivo de las enmiendas del Grupo Popular contempla iniciativas para alcanzar mayor independencia de las entidades de tasación respecto de las entidades financieras, como, por ejemplo, que se establece un máximo del 10% de la relación de negocio entre las tasadoras y los bancos, y se obliga al banco a aceptar la tasación oficial que le presente el cliente, aunque sea de una tasadora distinta, siempre que esté homologada.

Finalmente, el cuarto objetivo se refiere a medidas para evitar el sobreendeudamiento, como por ejemplo limitar a 30 años el plazo máximo de amortización de una hipoteca sobre vivienda habitual.