El PP afirma que la reforma integral de la Ley de enjuiciamiento criminal agiliza la Justicia y armoniza los valores de seguridad y libertad

El portavoz adjunto del GPP, Agustín Conde, aseguró hoy que la reforma integral de la Ley de enjuiciamiento criminal dará “un tremendo impulso” a la agilización de la Justicia española y “hará combinables los valores de libertad y seguridad”.

Durante el debate de totalidad de dos Proyectos de Ley “imprescindibles para mejorar la justicia penal y su calidad”, el dirigente popular puso en valor “el ambicioso plan de reformas” relativas a la Administración de la Justicia acometido por el Gobierno desde el inicio de legislatura con el objetivo de modernizar la Justicia, pues “la Justicia que no es rápida, no es justicia”.

El espíritu con el que se reforma esta nueva ley, explicó Conde, que modifica la de 1882, “es que llegue a tener tan larga vida como la que sustituye”, por lo que hizo hincapié en la necesidad de “un amplio consenso político”, que si no se alcanza “no puede impedirnos acometer reformas urgentes que no pueden seguir esperando para ser introducidas en nuestro ordenamiento jurídico”.

Por esta razón, Conde invocó el consenso y apeló al diálogo “para enriquecer y mejorar el texto” de las leyes citadas, una orgánica y otra ordinaria, haciendo hincapié en la disposición de su grupo para estudiar “con la mente abierta todas aquellas propuestas que se hagan vía enmiendas”, a lo que se añadirá una audiencia de expertos en la Comisión correspondiente, que no hace sino probar la voluntad del GPP de hacer dos normas “que gocen de un amplio consenso”.

Los dos Proyectos de Ley abordan materias de “una extraordinaria urgencia”, pues desde diversas instancias se ha trasladado a España “la imperiosa necesidad de reformar las leyes penales procesales” para atender los compromisos recogidos en los convenios internacionales y en la Constitución.

En el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal se regula el nuevo fenómeno de la piratería, que no pudo prever la ley de 1882, se ocupa igualmente de las nuevas tecnologías, con una capacidad para cometer delitos “impensable” en 1882,  y se protegen y garantizan mejor los derechos y deberes fundamentales del detenido procurando, entre otras cuestiones, un mejor ejercicio de la defensa.

El objetivo es seguir haciendo de España “un país seguro”, al tiempo que “se es respetuoso con los derechos y libertades fundamentales”, y es lo que precisamente hace este Proyecto de Ley: “Combinar los valores de seguridad y libertad, garantizando la libertad del ciudadano y su seguridad”. Al hilo de este debate, Conde quiso dejar muy claro que todas las técnicas de averiguación del delito, como las medidas de interceptación de las comunicaciones, están sometidas a garantía judicial y al criterio de proporcionalidad, aunque la ley contempla situaciones de excepcionalidad como en el caso de los delitos de terrorismo, donde podrán acometerse escuchas telefónicas sin la previa autorización judicial.

En relación con el Proyecto de Ley ordinario de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, Conde detalló que la futura norma condensa “medidas imprescindibles de agilización procesal”, como el procedimiento de decomiso autónomo, la generalización de la segunda instancia o la regulación del recurso extraordinario de revisión. Se trata pues, enfatizó Conde, de “un buen Proyecto de Ley”.