El PP denuncia la "animadversión" del PSOE hacia los procuradores y reitera su respeto y admiración a este colectivo

El diputado popular y secretario primero de la Comisión de Justicia, Francisco Molinero, denunció hoy la "animadversión" del PSOE hacia los procuradores españoles y reiteró el "respeto y admiración" del Partido Popular a este colectivo.

Así se expresó en su intervención en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se mostró "asombrado por algunas intervenciones, donde los grupos proponentes denuncian que la reforma potencia el protagonismo de los procuradores ampliando sus facultades, o que la reforma supone una privatización de la Justicia".

Para el diputado popular, "el PSOE dice que esta reforma es una concesión más a los procuradores" solamente para justificarse. "Creo que es una expresión desafortunada e injusta tratar a un colectivo del prestigio de los procuradores españoles de esa manera". "Con todos mis respetos, creo que deberían explicarles a esos profesionales porque tienen ustedes esa animadversión hacia los procuradores; el Grupo Popular no tiene esa opinión, para nosotros nos merecen respeto y admiración como colectivo", aseguró.

En cuanto al Proyecto de Ley, Molinero destacó que responde a dos motivos, "en primer lugar, el compromiso del Partido Popular con los ciudadanos de hacer una justicia más ágil, más rápida y más eficaz, reforzar la tutela judicial efectiva y modernizar la administración de Justicia fomentando el uso de las nuevas tecnologías, y en segundo lugar, por el compromiso con los consumidores para adaptar la normativa española a las disposiciones del derecho de la UE".

Por ello, ante las acusaciones de la oposición de que vaya a haber una justicia de dos velocidades o una para ricos y otra para pobres, las negó rotundamente y denunció su actitud, que "introduce un mensaje demagógico para confundir a la opinión pública y cuestiona la eficacia de la función pública frente a la privada".

Molinero recordó que esta reforma viene amparada por el Consejo de Estado y uno de sus objetivos es ampliar, pero también concretar las funciones de los procuradores, dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la ley 37/2011 de medidas de agilización procesal en relación con los actos de comunicación.

"Esta reforma parte de la dualidad ya actual de un sistema que mantiene la posibilidad de que los actos de comunicación sean realizados bien por los servicios de funcionarios adscritos a la Administración de Justicia o bien por el procurador, con cargo a la parte", explicó.

De esta forma, "será el secretario judicial quien controle y quien supervise y dirija los actos procesales". "Por tanto, la reforma no supone una privatización del servicio, sino una opción con que cuenta el ciudadano y una ayuda y colaboración al servicio de Administración de Justicia y así lo ha considerado el Consejo de Estado", afirmó Molinero.

Asimismo, explicó que "también queda sin justificación la enmienda del Grupo Socialista sobre la reforma del juicio verbal, porque el trámite de contestación a la demanda no vulnera el principio de inmediatez sino que fortalece el principio de tutela judicial efectiva, impidiendo la indefensión de la parte demandante frente a alegaciones o pruebas sorpresivas en el juicio verbal".

Finalmente, Molinero agradeció al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la actitud positiva de consenso y a los grupos parlamentarios la actitud dialogante durante el futuro trámite parlamentario del Proyecto de Ley.