El PP quiere modificar la legislación en lo relativo a la reincorporación del consentimiento de los progenitores cuando “se trata de un aborto practicado a menores de edad”

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marta González, aseguró que el propósito del Gobierno de España y del GPP es “modificar la legislación en el punto concreto relativo a la reincorporación del consentimiento de los progenitores cuando se trata de un aborto practicado a menores de edad, para devolver a padres y madres la capacidad de apoyar a sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas”.

Durante la ratificación de la Ponencia y el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, la portavoz del PP destacó que “hacemos esto de acuerdo con la inquietud general que provocó esta decisión legislativa y con ese objetivo la Proposición de Ley incorpora tan sólo las modificaciones precisas para restablecer el precepto, pero el GPP apela al Tribunal Constitucional, con su recurso, en relación al resto de las cuestiones de enorme calado vinculadas a la Ley 2/ 2010”.

Para la portavoz del PP, “el tema del aborto y su situación jurídica es un tema candente a nivel mundial y por ello consideramos que para la completa seguridad jurídica debe pronunciarse el TC a la hora de salir de dudas sobre la validez de nuestro sistema en la norma vigente”.

“Nuestra voluntad es que el TC se pronuncie para intentar construir un acuerdo que se base precisamente en su doctrina y por lo tanto no aporta nada el pronunciarnos a favor o en contra de las enmiendas del PSOE y del Grupo Mixto”, aseveró la dirigente del PP.

BEATRIZ ESCUDERO

La diputada del PP argumentó la respuesta que su grupo dará a las enmiendas propuestas por el grupo de Izquierda Plural, el mixto y del PNV. Así, la dirigente del PP explicó que desde el Grupo Popular las rechaza porque. En su opinión, “el debate de hoy no es aborto si, aborto no como pretenden a través de las enmiendas puestas por estos grupos”.

“Es sobre un hecho concreto en el que las menores puedan abortar con o sin conocimiento y consentimiento de sus padres o progenitores”, aseguró Escudero, a la vez que advirtió que “el debate sobre el aborto está a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, como consecuencia del recurso presentado por el anterior grupo popular”.

Así, la diputada del PP recordó que “nuestro ordenamiento jurídico establece como un deber de los padres el de velar por sus hijos” y en este sentido, remarcó que “cuando una menor de 16 ó 17 años decide interrumpir su embarazo, momento en el que necesita asistencia sanitaria, entre otras, cómo pueden insistir en que la menor acuda sola al centro sanitario”.

A su juicio, “puede poner en peligro su vida física, además de todo el daño psicológico que le produce y el trauma que le puede acarrear para siempre tomar una decisión de tal magnitud ella sola, pueden decirme dónde está el deber de velar por sus hijos”, cuestionó Escudero.

Para la dirigente del PP, “los derechos se ejercen libremente, sin más y no tiene más limite que el de otro derecho y no se regulan nunca medidas que reduzcan el ejercicio del derecho”.

Así, Beatriz Escudero aseguró que “el Grupo Popular no ha cambiado su discurso: mantenemos el recurso contra la Ley Aido porque seguimos pensando lo mismo; para el PP el aborto nunca ha sido un derecho y consideramos que esta  Proposición de Ley es un paso hacia delante a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional”.

MARIA JESUS BONILLA

La diputada del PP, Mª Jesús Bonilla, consideró “esencial la presencia de la familia al lado de aquellas jóvenes de 16 o 17 años a la hora de adoptar una decisión tan trascendental y poder cumplir el mandato constitucional de velar por ellas”.

La dirigente del PP aseguró que “hoy no estamos validando la Ley en vigor y recordó que el GPP tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad a la vigente Ley, en el que creemos”.

La dirigente del PP reiteró que esta Proposición de Ley pretende modificar uno de los  aspecto de la Ley 2/2010 de salud sexual reproductiva y de la interrupción del embarazo. En este sentido, afirmó que “le parece una barbaridad el hecho de que las adolescentes españolas puedan enfrentarse al aborto sin haber obtenido la autorización de sus padres o representantes legales”.

A su juicio, “se trata de la protección de la menor, de la trascendencia de la decisión que va a tomar y también del núcleo esencial de las figuras jurídicas contempladas en el Código Civil que establece que entre los deberes y facultades en el ejercicio de la Patria Potestad está el de velar por ellos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”.

Finalmente, Bonilla trasladó el convencimiento de que “con esta Ley damos un paso adelante en la protección de las menores a la hora de tomar esta trascendental decisión” y, además reiteró, “que esta Proposición ni se pronuncia ni avala la actual legislación sobre el aborto, cuestión pendiente de pronunciamiento por parte del TC”.