La reforma de la ley de prohibición total de minas antipersona es un paso más para acabar con la fabricación y uso de las municiones racimo

A través de esta norma,se trata de incluir la fabricación, venta y almacenamiento de las bombas racimo en la regulación de la ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar - en base a la Convención sobre las municiones de racimo celebrada en Dublín el 30 de mayo de 2008 y firmada por 107 países en Oslo del mismo año-. El artículo 9 de dicha Convención versa sobre las medidas de implementación a nivel nacional y establece la obligación de cada estado de adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan para implementar dicha convención, incluida la imposición de sanciones penales. Por esta razón, se tramita esta reforma que supone un paso más en el compromiso del gobierno de España en este ámbito, dando cumplimiento a una reivindicación histórica liderada por Naciones Unidas.

Importantes organizaciones internacionales como Cruz Roja Internacional, Greenpeace, Human Rights Watch, o International Campaign to Ban Landmines (Premio Nobel de la Paz 1997), han inspirado grandes campañas internacionales para erradicar la fabricación y uso de las municiones de racimo. 

Armas peligrosas antes, durante y después de las guerras

En los últimos 45 años, más de 100.000 personas, entre muertos y heridos graves, han sido víctimas de las bombas racimo o bombas cluster, la tercera parte de ellas niños. Uno de los grandes problemas que suponen estos artefactos es la alta probabilidad de daños colaterales y su falta de fiabilidad, ya que en muchas ocasiones estas municiones no sufren deflagración y quedan dispersas en inmensos radios de terreno hasta años después de finalizar el conflicto. De acuerdo con Valon Kumnova, responsable de la Organización de Apoyo a la Vida en zonas peligrosas, el nivel de fallo puede llegar al 50% en determinadas zonas con suelo blando y mojado. Se convierten en peligrosísimas minas que permanecen largamente en proceso de degradación con un riesgo creciente, dando lugar además a una muy difícil, lenta y costosa desactivación. Esto es sin duda, una trampa mortal no solo para quienes trabajan en el campo, quienes viven de la agricultura, sino también para los niños que juegan en esas zonas, a los que las formas llamativas de los artefactos pueden atraer.  

Años después de la finalización de los conflictos, las bombas siguen ocultas, impidiendo el uso de carreteras, acceso a escuelas y hospitales, forzando el abandono de núcleos de población. A las pérdidas humanas y materiales de los conflictos se suman los daños que siguen causando este tipo de municiones y la dificultad de las comunidades de lograr su desarrollo económico y social. 

El portavoz adjunto de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Ignacio Uriarte, ha sido el encargado de avalar este proyecto de ley en su trámite parlamentario el pasado 11 de noviembre. Durante su intervención ha abordado los cambios producidos en las zonas de conflicto, desde las grandes guerras que tuvieron lugar en los años 80 y 90, como Bosnia-Herzegovina, Ruanda o Somalia, hasta las que desgraciadamente siguen estando de actualidad. Ante estos hechos, Uriarte señaló  que “hay menos conflictos pero han aumentado en su complejidad de causas y de posibles soluciones y, por tanto, los mecanismos para defender a seres humanos deben ser revisados y mejorados”.

Para el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, España ha dado un paso más hacia la defensa de la paz y los Derechos Humanos. Esta nueva ley pretende actualizar el derecho humanitario internacional y adecuar el régimen que afecta a las minas antipersonas y minas de racimo, suponiendo un avance en la regulación de este derecho. 

El pleno del Congreso sometió el texto a debate de totalidad el pasado mes de noviembre, alcanzando un amplio consenso ensombrecido tan solo por una enmienda a la totalidad, que fue rechazada por la amplia mayoría de la Cámara. Tras la finalización del plazo de presentación de enmiendas parciales, el texto ha recibido 21 enmiendas al articulado y actualmente se encuentra en fase de elaboración de informe por parte de la ponencia. 

Más información:

- Convención sobre municiones en Racimo

- Estrategia de la ONU sobre Minas (2013-2018)