Durante el encuentro se intercambiaron puntos de vista sobre las consecuencias de la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, que establece la pérdida de nacionalidad para los dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría haitiana.
De ser así, podrían enfrentarse a la privación de derechos fundamentales, tales como el acceso a los servicios de salud, educación o empleo, e incluso perder el derecho a voto o no poder contraer matrimonio.
La sentencia ha segregado a la población nacional dominicana, provocando una oleada de solidaridad por parte de organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y activistas de derechos humanos de todo el mundo.
El Congreso de los Diputados fue el escenario, el pasado 5 de diciembre, de la reunión organizada por representantes del Foro Parlamentario de Derechos Humanos en colaboración con la ONG Entreculturas y el Padre Mario Serrano, director nacional del sector social de la Compañía de Jesús en República Dominicana y coordinador de la pastoral haitiana en la Conferencia Episcopal Dominicana.
Durante la semana siguiente al encuentro, la CIDH publicó el informe preliminar sobre su visita al país en el mes de diciembre, invitada por el Gobierno Dominicano para someter a evaluación las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional. El informe pone de manifiesto que, reconocida la existencia del problema al respecto, por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, la voluntad de la comisión de “colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La visita se enmarcó en la gira del Padre Serrano por España en el marco de la campaña “dominicanos por derecho”. Durante su visita a Madrid se reunió con distintos actores políticos clave, entre otros el Intergrupo Parlamentario de DDHH, para informar sobre la situación que se ha generado y que podría generar esta sentencia, con vistas a conseguir posibles apoyos para evitar sus efectos negativos sobre las personas más vulnerables.
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