La diputada del GPP Patricia Rodríguez recuerda que nuestro ordenamiento jurídico contempla un permiso retribuido por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, consistente en una reducción de jornada de al menos el 50% a la que pueden acogerse progenitores o permanentes o guardadores con fines de adopción
“La realidad plantea serios obstáculos en el caso de los empleados públicos al no existir un marco uniforme que establezca unos criterios comunes”, explica
“Ahora cada administración a la que pertenece el empleado público hace su propia interpretación, lo que da lugar a una disparidad inadecuada de regulaciones, lo que produce una desigualdad entre personas cuando el hecho causante es el mismo: tener un hijo con enfermedad grave”, apunta
“Señorías no es de recibo que el derecho a cuidar a un hijo o hija con una enfermedad grave sea distinto si los padres son empleados públicos o asalariados o autónomos”, sentencia
Las AAPP deben dar ejemplo y abogar por una gestión humanizada de los permisos, reconociendo la importancia de apoyar a los cuidadores en su labor y evitar su estigmatización social, considerando la salud mental del empleado público y el impacto emocional del cuidado a largo plazo de un menor con enfermedad grave”, asegura
Esto y no la amnistía ni el reconocimiento por parte de Sánchez del Estado Palestino es lo que nos piden las familias españolas que tienen menores con enfermedades graves a cargo y son empleados públicos, concluye
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