El PP: “Es una Ley que pone a disposición de las víctimas todas las herramientas procesales y extraprocesales que demandan y merecen”

La presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada del Grupo Popular, Carmen Quintanilla afirmó que la Ley del Estatuto de la víctima del delito “es una Ley con la que ponemos a disposición de las víctimas todas las herramientas a nivel procesal y extraprocesal que necesitan, demandan y merecen”.

Durante el debate del Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito, Quintanilla subrayó que “esta es de las leyes de mayor calado para la sociedad española”. “Una Ley –añadió- que nace desde la humanidad, desde el respeto y desde la solidaridad, y en apoyo de quienes quedaron marcados para siempre por el delito o la catástrofe”.

En este sentido, subrayó que “esta Ley responde al compromiso del Gobierno de España de reconocer y asegurar sus derechos a las víctimas de todo tipo de delitos, de darles nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de cualquiera que sea el delito que sufrieron”.

Así, la dirigente popular aseguró que “con la aprobación de este Proyecto de Ley, España se va a convertir en el primer país europeo que elabora un Estatuto de la Víctima y que supone más derechos, más protección y más participación para la víctima”.

En definitiva, afirmó Quintanilla, “se busca dar una respuesta humana a la víctima en los procesos penales, o si lo prefieren, esta Ley busca humanizar el trámite y también completar el diseño del Estado de Derecho centrado siempre en las garantías procesales, los derechos del imputado, del acusado, del procesado o del condenado”.

“El Gobierno del PP no sólo se ha quedado en transponer la Directiva Europea 2012/29/UE de 25 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, sino que ha dado un paso más, y ha querido hacerlo con la mayor rapidez posible”, aseguró Quintanilla.

La dirigente del PP quiso destacar que “a lo largo de la tramitación parlamentaria de esta norma, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos puesto todo nuestro empeño en llegar al mayor nivel de acuerdo posible con el resto de los grupos parlamentarios”.

También, señaló, “con este fin, con el de recoger todas las demandas y todas las sensibilidades y de aunar ese consenso no sólo a nivel parlamentario, sino también con quienes son los principales afectados y beneficiarios de esta Ley, nos hemos reunido con asociaciones y colectivos de víctimas y organizaciones que atienden a las víctimas de todo tipo de delitos”

NOVEDADES IMPORTANTES EN ESTE PROYECTO DE LEY

La presidenta de la Comisión de Igualdad, destacó que este proyecto de Ley “trae novedades muy importantes, como incluir a los familiares en la categoría de víctimas, evitar en lo posible el contacto entre víctima e infractor, evitar la doble victimización, reduciendo trámites innecesarios en un proceso – en el que, además, incluso se puede añadir algún trauma más a la víctima – y la especial protección a menores y se van a suprimir las declaraciones que no sean imprescindibles y que, además, podrán ser grabadas y reproducidas en juicio; los menores van a poder disponer de un representante legal cuando haya conflicto de intereses con sus progenitores o con los propios representantes legales; los hijos menores que se encuentren en un entorno de violencia de género o violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos, y los hijos de la pareja fallecida o desaparecida se van a considerar también víctimas y se van a tomar decisiones urgentes sobre su guarda y custodia”.

En este sentido, subrayó que el Gobierno ha sido especialmente escrupuloso y ambicioso en el  cumplimiento de lo que contempla el segundo párrafo del artículo 1 de la Directiva 2012/29/UE que señala que “en los casos en los que las víctimas sean menores de edad, el interés del menor de edad deberá primar en la aplicación de la directiva, un principio conforme con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño”.

También, indicó la dirigente del PP “se amplían los plazos para recurrir los archivos de las causas, excesivamente cortos hasta ahora, y una fundamental solicitada por las Asociaciones de Víctimas”. “Con esta Ley los abogados y procuradores no van a poder acercarse a las víctimas para ofrecer sus servicios hasta los 45 días desde la tragedia, porque de los que se trata es de evitar que los damnificados se conviertan en víctimas de profesionales sin escrúpulos”, añadió.

“Con esta norma se pretende que las víctimas sepan que no están solas y que cuentan con una atención integral tanto desde el punto de vista procesal como social”, afirmó la diputada del PP, a la vez que añadió que “este nuevo documento legislativo también incluye a las víctimas de abusos sexuales, explotación infantil y pornografía infantil y a las víctimas de trata de seres humanos, otorgando a todos ellos una protección especial que hasta el momento no existía legalmente”.

Según la presidenta de la Comisión de Igualdad, “el aspecto más novedoso y más controvertido del Proyecto, es la participación de la víctima en la ejecución penal, reservada para los delitos más graves”.

Así, Quintanilla resaltó que “naturalmente compartimos el criterio de que el ministerio fiscal vele por el interés general y por la legalidad, pues forma parte de nuestro estado de derecho y de nuestro ordenamiento jurídico, pero entendemos que la defensa del interés general no puede cercenar el derecho fundamental de la víctima a poner en valor la defensa de su interés personal como víctima”. “Y al intervenir la víctima en esta fase, se garantiza la confianza y la colaboración de las mismas con la justicia penal y se observa el principio de legalidad porque la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, y además tampoco se ve afectada la reinserción del penado”, añadió.

Finalmente, la dirigente del PP apuntó que “debemos coincidir todos que, con el presente Estatuto de la Víctima estamos dando una respuesta justa para algo que debió hacerse antes, y es poner al servicio de la sociedad un instrumento para que “la conciencia sea algo más que testigo, fiscal y juez”. “Hoy estamos haciendo posible que entre en funcionamiento un instrumento para que la conciencia de la sociedad no valga por mil testigos”, concluyó.