El sistema mixto de financiación de la Justicia protege el derecho a la Justicia Gratuita y agiliza un sistema colapsado para que sea más eficaz.
Es un sistema equitativo, dirigido a que los ciudadanos con más recursos contribuyan a sostener este servicio público y a evitar abusos. La mayoría de tasas se aplican en segunda instancia y los ciudadanos con menos recursos o en circunstancias especiales no pagan nada.
El Gobierno está introduciendo una serie de mejoras en la ley para crear un sistema lo más equitativo posible:
- Ha ampliado el número de beneficiarios a la Justicia Gratuita y ha adelantado su entrada en vigor para evitar perjuicios.
- El Gobierno elevó el umbral para acceder a la Justicia Gratuita a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (15.975 euros al año).
- Víctimas de violencia de género, terrorismo, de trata de seres humanos, menores o discapacitados psíquicos.
- Personas que a causa de un accidente sufran graves secuelas físicas o morales permanentes.
- Se devolverán las tasas abonadas a estos nuevos beneficiarios que ya hubiesen iniciado un pleito.
- Ha reducido un 80% el tramo variable de las tasas, según las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.
- La cuota variable de la tasa se reduce del 0,5% al 0,1%: hasta ahora el límite de pago estaba en 10.000 euros y ahora se reduce a 2.000.
- La única modificación en la tasa fija se prevé en los casos de recurso contencioso- administrativo, como las multas de tráfico.
- En este caso, la tasa no podrá superar la mitad del importe de esa multa.
- Ha eliminado por completo el pago de tasas en casos concretos, para fomentar el acuerdo en la resolución de conflictos y evitar abusos.
Las tasas se eliminarán por completo en los siguientes casos:
- Los afectados por procesos de desahucios:
Hasta ahora, las entidades bancarias pagaban la tasa del proceso de ejecución hipotecaria y el deudor tenía que reintegrarla después. A partir de ahora, ni el desahuciado de su vivienda habitual, ni su avalista pagarán estas tasas.
- Demandas de divorcio y separación cuando sean de mutuo acuerdo.
En caso de que no haya acuerdo, la cuantía será la más beneficiosa para los implicados para evitar la disparidad de criterios entre juzgados.
- Reclamaciones por incumplimiento de decisiones arbitrales de consumo.
El objetivo del Gobierno es fomentar la resolución extrajudicial de conflictos.
Estas medidas no modifican la recaudación prevista por la ley de tasas.
La recaudación prevista con la ley de tasas, 306 millones, apenas se verá afectada porque el cálculo se hizo con la tasa fija, que apenas ha variado.
El Gobierno presenta una reforma del Poder Judicial buscando el consenso de todos
El Gobierno amplía el derecho a la justicia gratuita a los ciudadanos que más lo necesitan
Los ciudadanos que más lo necesitan tienen garantizada la asistencia jurídica gratuita
La Ley de tasas no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva