La nueva ley garantiza así el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución, al asegurar que nadie deje de acudir a los tribunales por falta de recursos.
En un momento de grave crisis económica, el Gobierno ha garantizado que este derecho no solo se mantenga, sino que lo amplia a los ciudadanos y colectivos especialmente vulnerables.
Esta medida no hubiera sido posible sin los recursos obtenidos tras la aprobación de la ley de tasas.
El sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia, con cargo a los impuestos y "a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados de la actuación judicial" ha sido recientemente avalado por el Tribunal Constitucional en su resolución 20/2012.
El Gobierno amplía el número de beneficiarios a la asistencia jurídica gratuita y frena las prácticas abusivas que ponen en peligro el sistema.
- Se eleva el umbral de renta para poder acceder a la justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (15.975 euros al año).
- Se amplía a colectivos especialmente vulnerables, con independencia de sus recursos: víctimas de violencia de género, terrorismo o abuso o colectivos beneficiarios de asociaciones sin ánimo de lucro.
- Se amplía a asociaciones que defiendan intereses específicos: como la Cruz Roja, sindicatos o asociaciones en defensa de personas con discapacidad.
- Los beneficiarios podrán elegir qué prestaciones de las previstas desean obtener: por ejemplo, elegir ser representados por un abogado de su elección, y no por uno de oficio.
- Control del fraude: Se creará un comité de consultas para asegurar que esta medida se aplique de forma homogénea por todo el territorio español.
Gracias a la nueva ley los que más lo necesitan pueden tener acceso a la justicia gratuita y quedan exentos del pago de tasas.
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