La Ley de tasas no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva

La portavoz adjunta de Justicia, Beatriz Escudero, subrayó que el Partido Popular y el Gobierno que "las dos normas que regulan las tasas judiciales en modo alguno vulneran o atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva" y que "nadie que necesite acudir a un tribunal de justicia se verá impedido por ello".

Así se expresó en el Pleno del Congreso, durante el debate de una iniciativa del PSOE para derogar las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, destacando que "como muy bien saben y ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, la Justicia puede ser declarada gratuita, pero la justicia no es gratis y las tasas son un medio para sufragar parte del coste de la administración de Justicia, ese que ustedes con su gestión pusieron en peligro", subrayó.

En este sentido, Escudero recordó que la Ley de tasas se ha debatido en el Parlamento en numerosas ocasiones, tanto durante su trámite parlamentario como en la sesión de control al Gobierno "y son perfectamente conocedores de la posición de este Grupo al respecto".

La Ley fue acompañada por un Real Decreto-Ley de 2013, con "novedades muy importantes que quieren obviar como elevar los umbrales de renta para poder acceder a este derecho, es decir, que personas que antes por sus ingresos no podían nunca acceder a la justicia gratuita ahora sí van a poder hacerlo".

"Además se amplió el ámbito a nuevos supuestos con independencia de su nivel de ingresos, como las víctimas del terrorismo o de violencia de género así como a quienes por causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan la realización de las tareas de su ocupación laboral habitual", añadió.

Asimismo, la portavoz popular explicó que "en el orden penal, que representan aproximadamente el 72% de los procesos judiciales en España, no hay tasas, y eso quiere decir que de cada diez procesos, se pagan las tasas en tres". Además, en la primera instancia del orden social, las empresas ya pagaban tasas, y la segunda instancia para los recursos de suplicación y de casación interpuestos por los trabajadores redujo su importe en un 60% con el Real Decreto-Ley.

"En todos estos casos", continuó, "no hay ningún condicionamiento nuevo en el acceso a los tribunales y suponen casi el 85% de los procesos que se están solventando en nuestros tribunales de justicia; nos están hablando aquí del otro 15%". "Se legisla para la generalidad, para la mayoría, no para la minoría", añadió.

"La Justicia comporta un coste que debe sufragar a mayores los justiciables que más se beneficien de este servicio público, sin que podamos confundir acceso a la tutela judicial efectiva con justicia gratuita", concluyó.