El Gobierno presenta un texto que cuenta con la colaboración del principal grupo de la oposición y aspira al consenso con todas las fuerzas políticas.
En un tema tan importante como es la Administración de la Justicia de nuestro país, el Gobierno tiene el compromiso de contar con el acuerdo, tanto de fuerzas políticas como de las autoridades judiciales.
Desde julio, el Gobierno ha trasladado las recomendaciones de los expertos del informe inicial para contar con el mayor apoyo parlamentario de la reforma.
Las competencias y atribuciones constitucionales del Consejo General del Poder Judicial se mantendrán, pero introducen novedades en su estructura y funcionamiento con los siguientes objetivos:
1. Acabar con la situación de bloqueo:
- 8 de los 20 vocales del Consejo serán designados por las dos Cámaras por mayoría amplia, como se planteó inicialmente.
- El criterio del Gobierno es la "continuidad institucional" y la "vocación de consenso" parlamentaria.
- Este cambio será aplicado previsiblemente en la renovación de miembros del Consejo prevista en el próximo otoño.
- Se mantendrá el criterio de mayoría cualificada para los nombramientos más importantes, como el del presidente del Tribunal Supremo.
2. Mayor transparencia:
- Las votaciones serán siempre nominales y el Consejo estará sometido a la Ley de Transparencia en los mismos términos que cualquier otro órgano constitucional.
3. Ahorro:
- Reduce el número de comisiones a cuatro, frente a las 12 actuales: la Comisión Permanente, la de Asuntos Económicos, la Disciplinaria y la de Igualdad.
- Sólo los miembros de la Comisión Permanente tendrán dedicación exclusiva (6 vocales, además del presidente), de esta manera el resto mantendrá sus posiciones de origen y se limitará su gasto a dietas.
4. Igualdad:
- La pertenencia a la Comisión Permanente será por rotación de manera que todos los vocales tengan la oportunidad de formar parte.
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