España es el primer país del mundo que incluye el interés superior del menor como derecho sustantivo y norma de procedimiento

La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, afirmó hoy que con esta reforma, que se ha emprendido desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tanto en el texto de la Ley Orgánica como en el de la Ordinaria “se cumple un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy”. “Y este compromiso lo que ha logrado es que, por primera vez, seamos el primer país del mundo que incluye el interés superior del menor como derecho sustantivo y como norma de procedimiento”.

“Por primera vez se reconocen los derechos y deberes de los menores, así como que se adoptan una serie de medidas fundamentales”, aseguró la portavoz del PP.

Durante el debate del Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, la portavoz del PP manifestó su agradecimiento al resto de grupos “por la buena acogida que han demostrado a lo largo del trámite de este Proyecto de Ley y sobre todo a las enmiendas transaccionales que les hemos sugerido desde el Grupo Popular”.

“No olvidemos”, puntualizó Montesinos, “que hay 150 enmiendas de otros grupos que el PP las va a apoyar y más de 50 transaccionales que el GPP ha ofrecido a todos los grupos”.

En este sentido, la dirigente del PP aclaró que “el Grupo  Popular ha registrado 57 enmiendas, la mayoría de estas han sido dialogadas y consensuadas con el tercer sector y este Proyecto de Ley está abocado al consenso de todas las fuerzas de esta Cámara”. “La atención de la infancia y la adolescencia es una preocupación por todos nosotros compartida”, añadió.

ENMIENDAS DESTACADAS DEL GRUPO POPULAR

Así, la portavoz del PP destacó, como novedad, algunas enmiendas: ampliar a 90 días el periodo de restablecimiento y reflexión para que las víctimas de la trata de seres humanos puedan decidir su cooperación con las autoridades en la investigación del delito.

También “establecer con efecto retroactivo a 1 de enero de 2015, los beneficios en el ámbito educativo de la condición de familia numerosa establecida en el Proyecto de Ley ordinario”.

Además, subrayó la portavoz del PP, “atender especialmente a las menores embarazadas bajo tutela o guarda de las entidades públicas y favorecer la contratación de víctimas de trata a través de un establecimiento de bonificaciones en las cuotas  empresariales a la Seguridad Social, 1500 euros al año por dos años en caso de contratación indefinida y 600 euros al año durante la vigencia del contrato en caso de contratación temporal”.

Para la portavoz popular, “ni la pobreza de los progenitores ni la discapacidad del menor podrán ser circunstancias para declarar la situación de desamparo”.

Por último, Montesinos quiso destacar “la creación de un registro de delincuentes sexuales para hacer un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no sólo en España sino en otros países”.

TERESA MARTÍN POZO

“Esta norma responde a las necesidades actuales de los niños y adolescentes”, indicó la diputada del GPP Teresa Martín Pozo, quien destacó que “principalmente protege a los más vulnerables”.

Según explicó la diputada popular, “esta reforma se asienta sobre tres pilares fundamentales”. “En primer lugar establece un marco de derechos y deberes de los menores, dota de una mayor protección a los menores que son especialmente vulnerables, como los extranjeros no acompañados, las víctimas de violencia de género o los menores con discapacidad, y sitúa a los menores como auténticos ciudadanos con derechos y deberes”, añadió.

También puso en valor la “especial incidencia que hace la norma en la acogida, en la adopción y en la prevención y lucha contra la violencia de género, ya que por primera vez, a nivel estatal, se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género”.

“Se trata –afirmó- de un texto que cuenta con un amplio consenso” parlamentario y extraparlamentario. En este sentido, Teresa Martín Pozo resaltó que “esta Ley, antes de iniciar su andadura parlamentaria, ha sido consensuada tanto con las Comunidades Autónomas, como con las entidades del Tercer Sector que se dedican a la protección del menor y los adolescentes”.

De esta manera, apuntó que “la norma persigue garantizar una protección uniforme en todo el territorio del Estado y constituir una referencia para las CCAA a la hora de desarrollar su propia legislación”. “No podemos permitirnos que en función del lugar de residencia, nuestros menores tengan un régimen de protección u otro”, remarcó.

BLANCA PUYUELO

Por otro lado, la diputada popular Blanca Puyuelo destacó que el GPP ha presentado 39 enmiendas que ponen de manifiesto reclamaciones del Tercer Sector. 

De entre ellas, Puyuelo resaltó la que refuerza a la familia numerosa. Así, concluyó que la norma “modifica la ley de protección de familias numerosas para que no pierdan el título hasta que el último de los hijos cumpla la edad establecida de 21 años o 26 si está estudiando”.