Debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado

Ante esta grave situación económica y social que atraviesa el país, el Partido Popular Propone:

Reducción del déficit público y recuperación de la confianza en la economía española
Es preciso que el Gobierno contribuya a crear una imagen favorable en el exterior de la economía española, con una reducción real y ambiciosa del déficit público en los Presupuestos Generales del Estado. Ello permitiría volver a colocar la deuda pública española en una senda de credibilidad, lo que haría factible la financiación de las Comunidades Autónomas en los mercados. De esta forma sería posible mantener el esfuerzo inversor en el conjunto de las Administraciones Públicas tan necesario para recuperar competitividad y empleo.

Reforma del Sector Público
El problema del enorme déficit del sector público español no se resuelve recortando la financiación de los servicios públicos esenciales, congelando las pensiones o subiendo impuestos. La solución tiene que venir de una reforma institucional y económica en profundidad del sector público que delimite con claridad las competencias de cada administración, evite duplicidades y competencias concurrentes y dote a cada administración de la capacidad financiera y autonomía normativa necesaria para garantizar la prestación los servicios públicos esenciales.

Cumplimento de las leyes de financiación autonómica
La pretensión de adelantar los plazos de devolución a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 es inconstitucional. El Partido Popular no aceptará decisiones unilaterales de estas características. El Gobierno debe aportar los fondos comprometidos en las leyes de financiación. Lo contrario sería un fraude a las Comunidades Autónomas y a los usuarios de los servicios públicos.

Garantía de la sostenibilidad de las finanzas públicas
El Gobierno debe trabajar por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial que comprenda las reformas que hagan viables nuestros servicios públicos, que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y que impulse la austeridad presupuestaria. Dicho acuerdo debería incluir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para volver a imponer la disciplina presupuestaria, fijar techos de gasto y endeudamiento a todas las Administraciones y atajar el endeudamiento.

Salvaguarda de los derechos de los pensionistas
En el ámbito del Pacto de Toledo, es imprescindible que se respete el derecho de los pensionistas a la revalorización de las pensiones establecido por la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización de la Seguridad Social, manteniendo así su poder adquisitivo.

Apoyo a las PYMES
Las PYMES son el motor de la recuperación económica, y es necesario que el crédito vuelva a fluir hacia las familias y las PYMES, permitiendo la compensación de sus deudas con la Administración, aplazando el ingreso del IVA hasta el cobro de la factura y facilitando a los ayuntamientos el pago a sus proveedores a través de una línea de crédito del ICO.

Reforma del Mercado de Trabajo
La reforma laboral que necesita la economía es similar a la acordada en 1997, que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y la estabilidad en el empleo, en especial, el fomento de la contratación indefinida bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos.

Es esencial acometer una verdadera reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo garantizando una mayor productividad de la economía nacional a través de menores costes empresariales, mayor seguridad para el empleado, menor absentismo laboral y una apuesta decidida por la formación. La reforma debe mejorar la negociación colectiva, referenciando los salarios a la productividad, ampliando sus espacios, y permitiendo de manera efectiva la adaptabilidad de los convenios a los cambios del entorno productivo y de la empresa. Debe, a su vez, apostar claramente por la mejora de la formación y la colaboración entre los servicios de empleo con el sector privado.

Reforma fiscal
Es preciso acometer una reforma fiscal que haga más competitiva nuestra economía a la atracción de inversión exterior, que apueste por la I+D+i, libere en la medida de lo posible recursos para que las familias y las empresas incrementen sus niveles de consumo e inversión. Para ello, bajaríamos selectivamente los impuestos a aquellos que nos tienen que sacar de la crisis, especialmente, las PYMES y los autónomos.
Además, es necesario simplificar el sistema tributario con una gestión tributaria sencilla y eficiente, que luche decididamente contra el fraude.

Reforma Energética
El Gobierno debe apostar por una nueva política energética que parta de un diagnóstico certero y una planificación coherente, que vele por la seguridad y la suficiencia en el suministro, que refuerce la competitividad y la sostenibilidad medioambiental, y que persiga objetivos realizables para un sector estratégico de la economía. Es, por tanto, imprescindible establecer una política energética que mejore la competitividad del sistema productivo español y garantice un suministro energético razonable en términos de calidad, cantidad y precio.

Mejorar la competitividad
Además de las reformas propuestas, el Gobierno debe abordar otras reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad de nuestro país abarcando diversos ámbitos como la educación, la justicia, políticas de I+D+i, la unidad de mercado, la defensa de la competencia y los organismos reguladores.