El PP recurre la Ley del Aborto

Entre esos preceptos se halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre. Según los Diputados recurrentes la nueva regulación es absolutamente contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, conforme a la cual no se penalizará el aborto cuando exista un grave conflicto entre la vida del nasciturus y otros bienes y valores de igual rango constitucional de la madre, y siempre ponderando los valores en conflicto, ( que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus"). Frente a esta exigencia, la nueva ley crea un sistema en el que la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación queda absolutamente desprotegida.

Estamos por lo tanto ante "El reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo" lo que resulta incompatible con el art.15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".

La nueva regulación que permite, además, el aborto de las menores de 18 años y mayores 16 años sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento de sus padres o tutores, es para los recurrentes manifiestamente inconstitucional y los recurrentes consideran que con ello se disminuye las garantías de la menor gestante, se impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, les impide también que le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho de gran trascendencia y se aminoran las garantías de la vida del nasciturus. Esta previsión de la nueva ley supone una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones e ignora las responsabilidades que les son inherentes en el ejercicio de la patria potestad.

Asimismo se considera contrario a la Constitución el régimen concreto de regulación de la objeción de conciencia plasmado en la ley, al limitarse sólo a parte del personal sanitario y exigir requisitos que limitan su ejercicio.

Por último, se recurre la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva ideológica de género, así como el que se obligue a la práctica clínica de abortos.

Una importante novedad del recurso es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pide que sea preferente. En una petición adicional muy fundamentada, el PP justifica la suspensión porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable si al final se declaran inconstitucionales los preceptos que sirvieron de base al aborto. Al mismo tiempo, se afirma que la nueva ley no goza, como ocurre normalmente, de la presunción de constitucionalidad, dado que se sitúa manifiestamente contra la doctrina ya sentada por el Tribunal Constitucional, por lo que está justificada su suspensión.

El equipo de trabajo ha estado coordinado por Federico Trillo Figueroa, que ha contado con la colaboración de Fernando Díez Moreno, Doctor en Derecho y Abogado del Estado, ambos redactores del recurso de Coalición Popular contra la primera Ley del aborto que dio lugar a la Sentencia de 1985. La ponente de la tramitación en el Congreso, Sandra Moneo, el Senador Luis Peral y Santiago Cervera, miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario Popular. Se ha contado también con el criterio y asesoramiento de Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia y tomando por base los dictámenes de varios catedráticos de Universidad.