El Congreso aprueba tres iniciativas del GPP a favor de los autónomos, la migración vinculada al mercado de trabajo y los ERTE motivados por la sequía

En la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La diputada del GPP, Alma Alfonso
La diputada del GPP, Alma Alfonso

La diputada del GPP Alma Alfonso pide al Gobierno crear un grupo de trabajo que estudie cómo los autónomos con deudas puedan cobrar una pensión digna y justa 

Explica que un autónomo que ha cotizado durante su vida laboral, pero que por circunstancias adversas no ha podido pagar alguna cuota, se ve privado de su pensión al momento de jubilarse. “Esta situación no sólo es injusta, sino que también crea una enorme indefensión y desprotección para el autónomo afectado”, apostilla 

“La rigidez de este Gobierno en esta legislación los está arruinando y desprotegiendo, quienes se ven en la paradoja de haber aportado al sistema durante años, pero sin recibir el apoyo necesario cuando más lo necesitan”, sostiene 

Asegura que el actual aplazamiento no constituye una solución efectiva, ni justa, perpetúa la carga financiera sobre un colectivo ya per se vulnerable, impidiendo que muchos de ellos puedan acceder a una pensión de jubilación digna 

A su juicio, “es esencial reformar este tipo de normativas para eliminar barreras adicionales y garantizar que todos los autónomos, puedan disfrutar de una jubilación equitativa y justa tras años de contribución al sistema” 

En su opinión, hay que adoptar medidas para que todos los que tengan derecho a pensión y deudas con la Administración Pública puedan mantener su derecho a una pensión digna ya que la legislación actual los castiga con la pérdida de su negocio y con la imposibilidad de cobrar una pensión” 

Desde el PP creemos que es nuestro deber garantizar que aquellos que han contribuido tanto al desarrollo económico de nuestro país, no se vean desprotegidos en su jubilación. Los autónomos son el corazón de nuestra economía y merecen un trato justo y equitativo, concluye 

Por otro parte, la portavoz de Iberoamérica del GPP Belén Hoyo afirma que el Gobierno tiene una política migratoria que le desborda y es incapaz de consensuarla, ni siquiera con sus socios 

Explica que “detrás de cada número hay una historia diferente y detrás de cada hay seres humanos con incertidumbres y muchos miedos” y asegura que España debería estar a la altura del reto migratorio que se nos plantea

Acusa al Ejecutivo de no consensuarla con la oposición y denuncia que la gestión de los flujos migratorios “está siendo caótica y Sánchez no mueve un dedo para mejorar la situación”. “Es necesaria una línea clara de actuación”, añade

Sostiene que “la inmigración es un tema importante que el Gobierno usa de forma demagoga cuando le interesa, pero que rehúsa cuando se trata de trabajar y de abordar la situación y cuando lo hace es improvisando y sin dar soluciones estructurales” 

El PP presenta una iniciativa que tiene como fin el desarrollo de un modelo efectivo de migración circular vinculado al mercado de trabajo que ofrezca una entrada segura y legal hacia nuestro país y que, a su vez, contribuya al desarrollo económico, social y cultural tanto en los países de origen como en España, expone Hoyo 

Destaca que la mayoría de los inmigrantes vienen a trabajar y contribuir, y lo mejor tanto para ellos como para nuestro país, es que se haga de forma regular

Por su parte, la diputada del GPP Isabel Prieto pide que todos los ERTE motivados por la sequía sean considerados de fuerza mayor, para proteger los empleos independientemente del sector

Prieto explica que la sequía no es culpa de nadie, pero hay muchas víctimas de la falta de agua, por lo que “no podemos permitir que ninguna empresa se vea obligada a echar a la calle a ningún trabajador por esta causa”

Acusa al Gobierno de falta de planificación y de inversión en obras hídricas tan necesarias para paliar este problema. “Por eso el PP ha insistido tanto en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua”, añade 

En su opinión, es necesario establecer un marco normativo adecuado, dotado de seguridad jurídica, con una regulación clara y precisa, que determine qué ámbitos geográficos se encuentran en situación catastrófica por estar seriamente afectados y que se establezca la sequía como causa de fuerza mayor, definiendo ésta legalmente 

Explica que la Inspección de Trabajo tiene que contar con criterios de aplicación porque “hay una gran incertidumbre entre los empresarios agrícolas y además se ha de extender a otro tipo de sectores de actividad” y hay que establecer un mecanismo de flexibilidad laboral para permitir la sostenibilidad de las empresas 

Pide que todos los ERTE motivados por la sequía sean considerados de fuerza mayor, con independencia del sector al que pertenezcan, porque no podemos permitir que ningún trabajador pierda su trabajo por una causa ajena y externa que no se puede controlar