El PP niega "improvisación y precipitación" en la regulación del estatus jurídico de Don Juan Carlos

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Leopoldo Barreda, aseguró que "ni improvisación, ni precipitación, y "sí previsión y agilidad, dentro de los márgenes que permite el Reglamento, para impulsar esta reforma del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y cubrir un vacío legal".

Así, Barreda consideró que "es importante atender la cuestión sobrevenida, derivada de la abdicación de S.M. el Rey D. Juan Carlos I con sentido de la responsabilidad y también sentido de Estado que evite dilaciones innecesarias; o lo que es lo mismo, periodos de interinidad, situaciones transitorias, que nada aportan en términos de seguridad jurídica". "No es mejor el procedimiento por ser más lento", aseguró Barreda.

Para el portavoz popular, "contamos con el instrumento adecuado –este Proyecto de Ley– y, por tanto, el compromiso del Gobierno y del Grupo popular es impulsarla, por los cauces legales y en los plazos que permite el Reglamento de la Cámara".

Barreda subrayó que en cuanto al procedimiento, "son muchos y hasta gruesos los calificativos de algunos portavoces, pero lo cierto es que se ha respetado escrupulosamente el Reglamento de la Cámara".

Se ha actuado con plena transparencia
El portavoz parlamentario explicó que "la Mesa y Junta de Portavoces de la Comisión de Justicia autorizaron –el pasado 11 de junio– la aplicación del artículo 69, que permite la reducción de los plazos e igualmente se ha cumplido el Reglamento para la ampliación del orden del día de la comisión, a fin de incluir esta reforma de la LOPJ; la ausencia o la conveniencia de los portavoces de algunos grupos no permite cuestionar el escrupuloso respeto del procedimiento parlamentario". "Se ha actuado con plena transparencia", apostilló Barreda.

Además, remarcó que "tampoco está en cuestión la congruencia de las enmiendas del PP, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro con el propio Proyecto de Ley; siendo la LOPJ la que contempla los aforamientos, parece de sentido común plantear en este Proyecto de Ley el aforamiento de determinados miembros de la Familia Real".

"Se trata de un hecho inédito en los dos siglos de nuestra historia constitucional: la normal sucesión en la Corona, conforme a las previsiones legales, que representa sin duda una excelente noticia en términos democráticos para nuestra Nación", indicó Barreda a la vez que advirtió que "supone, también, la necesidad de abordar situaciones igualmente excepcionales y novedosas".

En este sentido, recordó que "se conocía que el Gobierno venía trabajando en el Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, en el aforamiento de diferentes miembros de la Familia Real y la opinión pública conoce también la opinión favorable del Consejo General del Poder Judicial tanto a tal propuesta, como a la necesidad de regular el estatuto jurídico de Don Juan Carlos y Doña Sofía, atribuyendo a ambos el aforamiento, tras la abdicación".

Así, destacó que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial o los estatutos de autonomía prevén el aforamiento de diferentes cargos del poder ejecutivo, legislativo o judicial, y de altas instituciones del Estado o de las Comunidades Autónomas".

Sin embargo, señaló el portavoz del PP "no existe ninguna previsión concreta, en el ordenamiento jurídico vigente, en cuanto al órgano judicial que debe conocer de las demandas civiles y penales en las que los miembros de la Familia Real sean parte".

A su juicio, "se ha querido sembrar la sospecha sobre la Familia Real y sobre las intenciones del Gobierno; se ha tachado a las más altas instancias judiciales del país, de "justicia parasitada" y "de excepción", dedicada a hacer "trajes a medida" de las personas aforadas".

"Confundir fuero con privilegio es demagogia"
"Confundir fuero con privilegio es demagogia y falta de rigor", puntualizó el portavoz del PP, a la vez que aclaró que "el aforamiento no es un privilegio, sino una competencia jurisdiccional concreta, con pleno aval constitucional".

Barreda recordó "la verdadera naturaleza del aforamiento" para "evitar debates que tergiversen los hechos o adulteren el lenguaje al servicio de la más simple demagogia o el populismo más ramplón", toda vez que arremetió contra las "groseras descalificaciones, cuando no insultos, como los que gratuitamente algunos han proferido y que no empañan, sino enaltecen, la figura de Don Juan Carlos".

"Se ha querido sembrar la sombra de la sospecha sobre la Familia Real y sobre las intenciones del Gobierno -prosiguió-, se ha tachado a las más altas instancias judiciales del país, de justicia parasitada y de excepción, dedicada a hacer trajes a medida de las personas aforadas y se ha recurrido a metáforas literarias que hubieran sonrojado al Príncipe de Lampedusa".

"No han sido pocas las voces, todas ellas aforadas, es más, todas ellas amparadas en la inmunidad parlamentaria, que han pujado en una verdadera subasta de desafueros", criticó Barreda, confundiendo "la libertad de expresión con barra libre para el insulto o la insidia y que solo acreditan, dejando aparte su mucha o poca educación, la carencia de argumentos".

Se trata, dijo, "de discursos que nada tienen que ver con el debate o la crítica, por el contrario, carecen de todo rigor, cuando no reproducen tópicos o clichés" y todos, insistió, "en boca de aforados, todos amparados en la inmunidad parlamentaria". "Y confundir fuero con privilegio es precisamente eso, demagogia y falta de rigor", apostilló.

Barreda recalcó que "el aforamiento no supone impunidad, ni inmunidad, el aforado responde en vía civil o penal de sus actos y el aforamiento ni exime de responsabilidad, ni reduce el alcance de esas eventuales responsabilidades, tanto civiles como penales". "Tan solo determina el órgano competente para el enjuiciamiento", aclaró.

En este sentido, quiso dejar claro que "se determina qué concretos miembros de la Familia Real están aforados que no todos los miembros de la Familia Real, ni otros parientes del Rey".

"No existe aforamiento para miembro alguno de la Familia Real cuando sean ellos mismos quienes inicien un procedimiento, como demandantes, denunciantes o querellantes, o cuando se vean involucrados en un procedimiento como víctimas o fueren llamados como testigos", explicó el portavoz del PP.

Finalmente, el dirigente del PP concluyó que "con voluntad de atender una situación sobrevenida, tras la sucesión en la Corona, sin dilaciones innecesarias, el Grupo Popular aprobará el presente Proyecto de Ley Orgánica".