El asunto del aforamiento no es tanto una cuestión de procedimientos ni de urgencias de tramitación, sino de voluntades

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín asegura que "el asunto no es tanto una cuestión de procedimientos ni de urgencias de tramitación, sino de voluntades, de si, tras la abdicación del Rey, se quiere o no se quiere regular su estatuto jurídico atribuyéndole la prerrogativa del aforamiento. Y para esto, no hace falta dar más vueltas".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia para fijar posición en relación con las dos enmiendas presentada por el Grupo Popular junto a las formaciones Foro Asturias y UPN al Proyecto de Ley Orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que son un nuevo estatuto jurídico que le atribuya la prerrogativa del aforamiento a Juan Carlos I, así como a la Reina Dª Sofía, consortes reales, Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte.

"Este es un debate que el Grupo Popular entiende importante y necesario, y que debemos tratar con toda claridad: con claridad de conceptos, claridad de los propósitos, y sobre todo, con claridad de los compromisos que cada grupo está dispuesto a asumir", aseguró Castillo Calvín.

El portavoz popular explicó las razones que justifican el porqué debemos hacerla y porqué puede hacerse. Así, consideró Castillo Calvín que "es una cuestión oportuna y necesaria", puesto que, tras la abdicación lo cierto es que "no existe ninguna previsión especial en el ordenamiento jurídico vigente en cuanto al órgano judicial que debe conocer de las demandas civiles y de las causas penales en las que los miembros de la Familia Real sean parte".

Así, remarcó que "como la actual regulación no contempla el régimen que se debe aplicar, es por lo que esta propuesta resulta necesaria y, por tanto, una decisión que nos corresponde tomar responsablemente".

En segundo lugar, el dirigente del PP afirmó que "tenemos una deuda impagable de gratitud a la figura de Su Majestad el rey Juan Carlos I". "Por ser el principal impulsor del proceso democrático que nos trajo la libertad; por su compromiso permanente e inquebrantable con la democracia; por su contribución al fortalecimiento y modernización de nuestro país; por haber sido símbolo indiscutible de su unidad y progreso; por su esfuerzo en lograr la concordia entre todos; y por haber sido factor clave de nuestra convivencia en paz y en libertad. En definitiva, por haber sido el Rey de todos los españoles".

El portavoz del PP recordó que esta iniciativa parte de la recomendación del Consejo General del Poder Judicial, que ha considerado necesario regular el estatuto jurídico de S.M. El Rey D. Juan Carlos I y la Reina Dª Sofía, tras la abdicación del Rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento, junto a los consortes reales, Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte. "Y eso es lo que estamos haciendo con las enmiendas que hemos presentado", añadió.

Críticas sobre el procedimiento empleado
El dirigente popular señaló que ha habido algunos portavoces parlamentarios que no se ha respetado el trámite previsto para la distribución previa de documentos para el debate.

"Pues bien, afirmó Castillo Calvín, el artículo 69 del Reglamento del Congreso permite acortar determinados plazos en casos debidamente justificados". "Y así se ha hecho", remarcó.

Además, indicó el portavoz del PP que "algunos grupos han señalado que las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Popular, resultan incongruentes con el contenido material de la reforma". Así, aclaró que "de las 19 enmiendas que se ha introducido en este texto, diversos grupos parlamentarios han presentado enmiendas que plantean cuestiones referidas precisamente a los aforamientos, o incluso a la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre Don Juan Carlos I".

A su juicio, "este es el momento más adecuado y por ello el grupo mayoritario de la Cámara, es por lo que hemos asumido la responsabilidad de tomar esta necesaria iniciativa". "Pero además, nos gustaría hacerlo, contando con la más amplia mayoría", añadió.

Para Castillo Calvín "hay quien ha señalado, que adoptar una decisión como ésta hubiera requerido un debate consensuado, sosegado y sin precipitación, criticando la celeridad y urgencia de su tramitación".

"A ningún grupo se le ha hurtado el debate parlamentario, ni se le ha impedido que manifieste su opinión. Así se ha hecho en la Ponencia, estamos haciendo hoy en esta Comisión, y se volverá a hacer en el debate del próximo jueves en el Pleno", aseveró el portavoz popular.

En este sentido, consideró que "el debate ha sido, está siendo, y será, más que suficiente; que los ponentes han podido, pueden y podrán, desempeñar plenamente sus funciones en el marco del procedimiento legislativo establecido por la Constitución".

A su juicio, "se ha actuado con total transparencia, e incluso y con la previsión necesaria, pues lo cierto, es que tal posibilidad era conocida por la Mesa y los portavoces de esta Comisión, desde el día 11 de junio".

En su opinión, "el asunto no es tanto una cuestión de procedimientos ni de urgencias de tramitación, sino de voluntades, de si, tras la abdicación del Rey, se quiere o no se quiere regular su estatuto jurídico atribuyéndole la prerrogativa del aforamiento. Y para esto, no hace falta dar más vueltas".

"Pero indudablemente, desde el más absoluto respeto a la posición de otros grupos, nos gustaría que esta reforma, por la importancia, significado y alcance de la misma, obtuviera un respaldo más amplio aún; respaldo que en este momento les solicito", afirmó el dirigente del PP.

Fueros
El portavoz del PP quiso dar respuesta a otras cuestiones que se han planteado y que hacen referencia a los fueros y que, en su opinión "han resultado bastante desaforadas", como decir que "someter la responsabilidad de quien ha sido hasta ahora Jefe del Estado al control jurisdiccional del Tribunal Supremo, aplicando el mismo fuero de quienes estamos hoy en esta Comisión, no es procedente", añadió.

"Las normas aplicables, los derechos y obligaciones, son las mismas para todos y se hacen cumplir igualmente por todos los órganos e instancias judiciales", puntualizó Castillo Calvín.

En este sentido, subrayó que "no podemos confundirnos; de lo que aquí estamos hablando, es de fijar una norma procesal de competencia, de una cuestión procesal" y estamos hablando de normas de competencia objetiva, que son aquéllas que determinan la clase de juzgado o tribunal que, dentro de cada orden jurisdiccional, debe conocer de un asunto determinado".

En opinión del dirigente del PP "confundir fuero con privilegio, diferencia con privilegio, no es sino un ejercicio de demagogia".

Así, Castillo Calvin explicó que "parece que hay quien piensa que ser juzgado por la Sala Primera o la Segunda del Tribunal Supremo, supone un privilegio respecto a ser juzgado por una Audiencia de cualquier territorio de España, o por un juez de instrucción".

En este sentido, destacó que "es muy importante que rompamos esa idea de privilegio, pues el aforamiento no se establece ni se justifica en interés de la persona aforada, sino en atención a la trascendencia que el litigio puede tener para el normal y ejemplar funcionamiento de las más altas instituciones del Estado".

Finalmente concluyó que "el hecho de que el Tribunal Supremo conozca de la tramitación y enjuiciamiento de todas las acciones civiles y penales dirigidas contra el consorte real, príncipes de Asturias, y reyes que hubieran abdicado y sus consortes, es decir, el aforamiento especial que planteamos, encuentra perfecto acomodo en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, y se construye con los argumentos propios de un Estado de Derecho".