El PP ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha plantado al Grupo de Vigilancia de Estado de Derecho del Parlamento Europeo, que hoy ha examinado el Estado de Derecho y la Ley de Amnistía a propuesta del PP y con el respaldo de la mayoría de los grupos.
En la sesión de hoy, el grupo, del que es miembro el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, han comparecido las principales asociaciones de jueces y fiscales de España, por iniciativa del PP. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuya comparecencia también se requirió, rechazó acudir y ningún miembro del Gobierno le ha sustituido.
En la reunión han comparecido la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Fiscales y el Foro Judicial Independiente.
En la reunión, que se ha celebrado, como siempre, a puerta cerrada, también ha comparecido el director de Justicia de la Comisión Europea, Julien Mousnier.
Para el PP, es esencial que los miembros de este grupo, que es el encargado de evaluar las amenazas contra la democracia dentro de la UE, hayan podido escuchar directamente el testimonio de estas asociaciones.
Zarzalejos ha calificado de “vergonzoso” que el Gobierno “se esconda”. “Han comparecido ante esta cámara las cuatro asociaciones de jueces y la dos de fiscales, la Comisión Europea, pero al Gobierno de España le ha debido parecer que su presencia era prescindible”. No es la primera vez que el Grupo de Vigilancia invita al Gobierno de España a comparecer y no atiende la invitación.
Cuestionarios sin responder sobre Estado de Derecho y amnistía
Además de plantar al Parlamento en la reunión, este mismo grupo de vigilancia envió al Gobierno una serie de cuestionarios sobre la situación del Estado de Derecho en España y la Ley de Amnistía de los que no han recibido respuesta.
“Viene siendo una práctica habitual. Con este comportamiento, el Gobierno muestra una enorme falta de respeto hacia esta institución”, ha subrayado Zarzalejos.
En el cuestionario dirigido al Gobierno, el grupo preguntaba, a propuesta del grupo PPE, entre otras cuestiones, la motivación de la Ley de amnistía, una justificación para que haya sido adoptada por procedimiento de urgencia y por la imposibilidad de que los jueces y tribunales puedan decidir medidas cautelares y órdenes de detención mientras deciden sobre la aplicación.
“También le preguntamos al Gobierno cuáles son los delitos que, a su juicio, no vulneran los derechos fundamentales, cuál es el número de personas que se beneficiarán de la amnistía y les hemos pedido que aportar algún testimonio claro, concreto y directo de los dirigentes beneficiados por la amnistía afirmando que nunca más llevarán a cabo un proceso de secesión unilateral vulnerando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. No hemos hallado respuesta”.
Zarzalejos explica, recogiendo la posición de la Comisión Europea, que “se hará un seguimiento estrecho del desarrollo de la ley de amnistía, incluidas las enmiendas o reformas legales que afecten a la independencia judicial o al funcionamiento de la justicia como es el caso de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
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