El senador gallego denuncia “la actitud pusilánime” de la Unión Europea con respecto a este país aisático
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado hoy una moción, que ha sido aprobada en el pleno de la Cámara Alta, en la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para fomentar la liberalización del mercado pesquero y facilitar la ampliación del contingente arancelario de lomos de atún. El senador por la Comunidad Autónoma de Galicia, Enrique López Veiga, encargado de defender el texto, ha asegurado que “el objetivo es que las industrias conserveras puedan competir en condiciones de igualdad con los competidores extracomunitarios”.
En su intervención, López Veiga ha destacado que la industria transformadora de los productos de la pesca “ha venido cobrando un papel cada vez más importante en el contexto económico español y gallego”. Para garantizar su competitividad, ha dicho, “se hace necesario asegurarle un acceso y abastecimiento fluido y en condiciones competitivas con las menores cargas arancelarias, a las materias primas procedentes del mercado internacional”.
Actualmente la Unión Europea viene autorizando un contingente autónomo de 22.000 toneladas sin arancel para los lomos de atún, “insuficiente para abastecer a un mercado tan competitivo y ágil como lo es el de las conservas de atún”, ha matizado el senador gallego. Por eso, ha dicho, “es necesario conseguir la ampliación del contingente hasta el entorno de las 30.000 toneladas al 0% de arancel para el período 2016-2018”.
Enrique López Veiga ha asegurado que “la apertura del contingente arancelario, en términos justos y equitativos, tiene la virtud de equilibrar este mercado, ya que facilita la competitividad de la empresa conservera europea en detrimento de una industria extracomunitaria que disfruta de unas ventajas de acceso excesivas en el mercado europeo”.
En Este sentido, López Veiga destacó que “es necesario que la Comisión Europea actúe de forma contundente para paralizar las importaciones de los productos de la pesca, procedentes por vía directa o indirecta de países como Tailandia que atenten los derechos humanos y de los trabajadores”. En este país asiático los trabajadores son sometidos a jornadas maratonianas e incluso castigos físicos y, además, en algunos casos, se emplean menores de 14 años, que trabajan con documentación falsa.
El pasado mes de abril la UE transmitió al Gobierno de Tailandia una tarjeta amarilla, un aviso que puede terminar en una prohibición de las importaciones de todos los productos de la pesca, si no adoptan las medidas adecuadas para acabar con los regímenes de esclavitud y la explotación de menores en el sector.
Enrique López Veiga ha asegurado que “este aviso no es suficiente y lo que procede es decretar automáticamente la paralización de las importaciones porque este tipo de prácticas, no sólo atentan contra los derechos humanos, sino que además fomentan la competencia desleal con los productores españoles, europeos y de otros países que si son respetuosos con los principios de la pesca responsable”. “Ni latas, ni lomos de países que, como Tailandia, emplean este tipo de prácticas abusivas”, concluyo López Veiga.
El senador popular ha destacado que, de esta forma, también se defienden “los legítimos intereses de nuestra flota atunera congeladora que garantiza las prácticas más rigurosas con el ejercicio de la pesca responsable”.
La facturación de las empresas transformadoras de productos de pesca en España, asciende anualmente a 6.500 millones de euros, y da empleo de forma directa a más de 25.000 trabajadores, del os cuales más del 60% trabajan en Galicia. Las exportaciones de preparados y conservas de pescados y mariscos alcanzó en 2014 un volumen de 157.365 toneladas, valoradas en más de 685 millones de euros, situando a España en las primeras posiciones en el ranking de países exportadores de estos productos.