Este logro implica un ahorro en los intereses del pago de la deuda pública, lo que facilita nuestra financiación en el exterior. Gracias a este esfuerzo, España no tendrá que asumir ajustes adicionales.
El ahorro de 24.500 millones de euros con respecto a las cuentas de 2011 ha permitido recuperar la confianza en la capacidad de España.
Bruselas ha confirmado este dato y no tiene en cuenta el impacto puntual
que ocasiona las ayudas a las entidades financieras.
El Gobierno intensificará la lucha contra el fraude como medida clave para equilibrar las cuentas y garantizar el pago de los servicios públicos.
El Gobierno estudia las fórmulas legales para hacer pública la lista de los mayores defraudadores como medida disuasoria.
- La legislación tributaria establece que los datos fiscales de las personas que se acogen a la regularización fiscal son de carácter reservado.
- Sin embargo, esto no impide que estos datos se utilicen para el cumplimiento de los fines de inspección y para la colaboración con los procesos judiciales.
Esta medida, que ya se aplica en otros países, tendría un importante efecto preventivo para quien no quiere arruinar su reputación.
Se trata de un asunto delicado que hay que estudiar con profundidad y en el que se respetará siempre el derecho de tutela de los afectados.
La regularización fiscal se aprobó como una medida extraordinaria y limitada en el tiempo para responder a un déficit insostenible.
- Surgió de la necesidad de corregir un agujero del 3% del PIB en las cuentas del Gobierno del PSOE, que este Gobierno afloró.
- No es una medida aislada: va acompañada de una intensificación de la lucha contra el fraude.
- Ninguna persona que tenga abierto un proceso en vía administrativa o judicial puede evitar con la regularización las consecuencias de ese proceso.
La regularización del Gobierno es más transparente que las amnistías llevadas a cabo por el PSOE.
La Agencia Tributaria tiene todos los datos de las personas que se han
acogido a la regularización.
La regularización fiscal ya ha permitido aflorar patrimonios por valor de 40.000 millones de euros, que equivale al 4% del PIB nominal.
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