El PP apuesta por impulsar medidas de apoyo a la discapacidad dentro del Plan Integral de Apoyo a la Familia

La portavoz adjunta de Servicios Sociales del GPP, María Teresa Martín Pozo, abogó hoy por impulsar las medidas en favor de los hogares con personas con discapacidad dentro del Plan Integral de Apoyo a la Familia y por avanzar en la protección específica para este colectivo.

En su intervención durante la defensa de la Proposición no de Ley del GPP con este objetivo, la dirigente popular apostó por elaborar un estudio previo que avance en un mayor conocimiento de los problemas que deben afrontar dichas familias, por promover las actuaciones para prevenir las situaciones de dependencia y por fomentar las políticas de conciliación familiar.

Martín Pozo señaló que "el incuestionable compromiso" del PP con la familia y los más vulnerables fue refrendado en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 al contar con una dotación que aumentó un 20,5% respecto al ejercicio anterior. De igual modo, la diputada popular puso en valor los efectos positivos de la reforma fiscal para las familias con personas con capacidades especiales, que contempla nuevas deducciones de 1.200 euros anuales acumulables para las familias con ascendientes o descendientes con discapacidad.

A lo largo de los momentos de crisis, explicó la diputada del PP, el Gobierno implementó determinadas excepciones con el fin de que el impacto de la crisis fuera menor en los colectivos más vulnerables, entre ellos la discapacidad, que engloba a 3,9 millones de personas, adoptando una batería de medidas específicas y de acción positiva.

Entre estas medidas, recordó, se aprobó un convenio especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad, se aprobó la reserva del 7% en planes de formación sanitaria especializada en el año 2012 y, ya en 2013, se establecieron medidas de acción positiva a favor de los jóvenes con discapacidad. Además, se garantizó la asistencia jurídica gratuita sin tener en cuenta la existencia de recursos o ingresos cuando se trate de víctimas de abuso o maltrato y se adoptaron, a su vez, medidas de acción positiva en el fomento del alquiler para este colectivo.

Para Martín Pozo, la aprobación de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social supuso "un antes y un después" en este ámbito, pues con esta ley "se integran en una única norma las principales leyes sobre esta materia y se supera el concepto asistencial de décadas pasadas". A este cambio hay que añadir la aprobación del Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad, dotado con 3.000 millones y que cuenta con 96 medidas que ya han empezado a dar sus frutos, al haber aumentado el número de contratos suscritos con trabajadores con discapacidad un 19% en 2104.

Martín Pozo quiso también destacar que "aún queda mucho por hacer en materia de sensibilización ciudadana sobre los obstáculos a los que cada día se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, pues la discapacidad no incapacita ni inhabilita, sino que nos enriquece y nos enseña".