La reforma aporta medidas beneficiosas para las CCAA y ayuntamientos con independencia del color político de sus gobiernos

La portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, María Eugenia Romero, afirmó hoy que el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Financiación de las CCAA y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "viene a implementar medidas que sean beneficiosas para las Comunidades Autónomas y para los ayuntamientos con independencia del color político de sus gobiernos".

En este sentido, Romero añadió que se trata de "una buena Ley para todas las administraciones territoriales y, especialmente, para los vecinos de las mismas que son los que reciben los servicios públicos".

Por ello, la portavoz popular recriminó "a quienes no apuestan más que por la confrontación y por el ruido sin aportan soluciones". Así, lamentó que quisieran que el Gobierno reformara el sistema de financiación autonómico "cuando los ingresos del Estado habían caído en más de setenta mil millones de euros, con enmiendas que piden que se reforme para el 30 de junio cuando el 24 de mayo hay elecciones autonómicas".

"Con quién nos sentamos en el Consejo de Política Autonómica y Financiera sin estar formados los gobiernos autonómicos", preguntó Romero, quien afirmó que "además de hacer ruido, demuestra que no tienen capacidad de propuesta".

Para la portavoz popular, el Gobierno del PP en época de crisis lo que ha hecho es "reforzar la financiación de las CCAA y la de las entidades locales" y para ello "se ha diseñado una puesta en práctica, unos mecanismos de liquidez y una aportación financiera a favor de las entidades territoriales que nunca se ha hecho en España".

"Hablamos de más de 184.167,2 millones de euros y de ellos más de 130.000 han sido destinados a políticas sociales, a financiar sanidad, educación y prestaciones sociales y esas cifras son la realidad y el compromiso de este Gobierno con el estado de las autonomías", subrayó.

Asimismo, aseguró que "la financiación adicional que ha proporcionado el Gobierno de España a las CCAA y entidades locales ha tenido unos efectos muy beneficiosos para todos; para las instituciones, que han podido responder a sus compromisos pagando lo que debían y muchas pymes y autónomos ya han cobrado y los vecinos han mantenido sus servicios".

"Desde el GPP no entendemos que después de lo que hemos pasado, algunos apuesten de nuevo por la insostenibilidad de las cuentas públicas", aseveró la portavoz popular, quien consideró "indignante ver cómo los mismos que hicieron que España tuviera una situación financiera insostenible y cuando vieron la avalancha venir, disolvieron esta Cámara para que otros frenáramos el alud, vuelvan ahora a pedir gastar sin control, a la fiebre consumista del dinero público y a pretender que paguen facturas nuestros hijos y nietos".

Además, dijo observar "con perplejidad, cómo sus responsables autonómicos acceden a las medidas de liquidez, acceden al crédito con el aval del Gobierno y aquí confrontan medidas a las que se acogen y luego les benefician". "Esto –afirmó- es de una gran deslealtad política e institucional".

MODIFICACIÓN DE LA LOFCA

La portavoz del GPP explicó que el Proyecto de Ley realiza una modificación de la LOFCA "para introducir un mecanismo de financiación por el que se valoren las deudas de las Comunidades Autónomas que tengan con entidades locales, algo que resulta fundamental para garantizar la continuidad y la calidad en la prestación de los servicios sociales".

Así, explicó que "con esta finalidad, se crea un registro electrónico de convenios que va a permitir hacer un seguimiento de convenios suscritos y en vigor entre comunidades y ayuntamientos". "De este modo, si se produce el incumplimiento de las obligaciones de pago establecidas en los convenios, el Estado podrá actuar para garantizar que el ayuntamiento perjudicado cobre", aclaró.

Igualmente, subrayó que las CCAA "tienen libertad para la transacción de los servicios con medios propios o por delegación" y que "nadie les impone nada". "Lo que no pueden hacer –dijo- es denegarlo y cargar el mochuelo a las asfixiadas arcas locales y encima no pagar, porque al final acaban colapsando los servicios".

María Eugenia Romero también destacó que con esta medida "se pretende saldar una deuda vergonzante que asciende a más de setecientos millones de euros con las corporaciones locales en gasto social" y "que no sólo se paguen las facturas pendientes, sino que en el futuro los servicios educativos, sanitarios y sociales que prestan las entidades locales cuenten con la financiación adecuada".

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Sobre la modificación que recoge el Proyecto de Ley de la norma de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la portavoz popular explicó que la ley se adapta a los nuevos mecanismos adicionales de financiación de las CCAA y se introducen ajustes técnicos a las reglas de endeudamiento de las comunidades y en materia de avales.

Asimismo, señaló que el Proyecto de Ley "mejora los mecanismos de reforzamiento de la financiación de las administraciones". "Unos mecanismos que van a lograr unos ahorros para las CCAA de intereses de préstamos en 22.647 millones de euros y de 3.467 millones de euros para las corporaciones locales", resaltó Romero, quien consideró "obvio que a las medidas de liquidez hay que ponerles, a su vez, unas medidas de consolidación fiscal y de prudencia financiera".

Por último, María Eugenia Romero se refirió al instrumento de apoyo para la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario y "de adhesión voluntaria para las CCAA". "Se trata de facilitar de nuevo liquidez para que puedan acceder a más prestaciones y a prestaciones de alta tecnología que en otro caso no podrían acceder", concluyó.