En su comparecencia, la defensora resaltó el elevado número de resoluciones que la institución ha dirigido a la Administración, de las cuales se han aceptado el 73,4% de las recomendaciones y el 79,3% de las sugerencias, lo que demuestra un elevado grado de colaboración por parte de la misma.
En este sentido, la defensora destacó la aceptación de las recomendaciones realizadas por parte del Ministerio de Justicia tras la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales, lo que ha supuesto una reducción de las tasas variables y el adelanto de los efectos de la Ley de Justicia Gratuita.
También expresó su agradecimiento al Ministerio del Interior por "su trabajo y los pasos dados en materia de lucha contra la trata de seres humanos" y en este sentido alabó "la formación de las personas que integran los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra esta materia".
Por su parte, el portavoz del GPP, Juan Bertomeu, manifestó en la Comisión que "se han venido tomando diferentes medidas como la creación de la subcomisión de estudio sobre la trata de las personas dentro de la Comisión de Igualdad, con el fin de abordar, entre otros, la captación, transporte, engaño, situación de vulnerabilidad de las personas". Por otro lado, también recordó que el Gobierno "está llevando a cabo un nuevo plan integral para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual".
En referencia a los centros de privación de libertad y sus recomendaciones sobre las denuncias de malos tratos, el portavoz del GPP, señalaba que "tenemos que tener en cuenta un hecho que es conocido, la práctica de denunciar malos tratos como estrategia que aplican sistemáticamente los miembros de ETA, para tener repercusión mediática y revelar la entidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la lucha antiterrorista." Y en este sentido defendió que "el uso de los métodos empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está profundamente regulado y se encuentra, como en todo Estado de Derecho, sujeto al imperio de la ley y a los controles disciplinarios y jurisprudenciales".
En lo que respecta a la inmigración, la defensora reclamó "una política común para las fronteras del sur de Europa", en línea con la posición del actual Gobierno y como así ha sido reclamando en los últimos Consejos Europeos.
Juan Bertomeu, al término de su intervención, animó a la defensora a continuar con este trabajo intenso, no solo en la atención a las quejas de los ciudadanos sino también en relación a la elaboración de estudios de investigación e informes de las cuestiones que afectan a los españoles.
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