El Gobierno convoca a todas las fuerzas políticas a combatir la corrupción

Principales medidas:

- Extender la Ley de Transparencia a partidos, sindicatos, patronales y entidades que se financien esencialmente con fondos públicos.
- Endurecer las penas contra la corrupción a través de una reforma del Código Penal y medidas para agilizar los procesos penales.
-  Regular por ley la actividad económica de los partidos políticos: registro público de las cuentas de los partidos y regulación de las contrataciones.
- Doble control para los responsables de la gestión económica de los partidos: colaboración con el Tribunal de Cuentas y comparecencia anual en el Parlamento.
-  Auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de cada mandato.
-  Publicación de las declaraciones tributarias, bienes y actividades de cargos públicos.
- Establecer escalas de retribuciones de los cargos públicos y limitar la compensación tras cese.
- Fiscalizar, por el Tribunal de Cuentas, todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos.
- Regulación parlamentaria de los grupos de interés o lobbies, con la creación de un registro en las Cortes y un código de conducta.

Estas medidas se sumarán a las que el Gobierno ya ha puesto en marcha como punto de partida: 
Ley de Transparencia: medida pionera por la transparencia y Buen Gobierno.
Reforma de la Ley de financiación de partidos políticos: que establece límites en las donaciones, condonaciones de deuda y obligación de transparencia.
Reforma del Código Penal: que incrementa la sanción penal de los gestores públicos y recupera la responsabilidad penal de los partidos políticos.

España es un país limpio y honrado que no puede verse afectado por la conducta indeseable de unos pocos.
La inmensa mayoría de los políticos son honrados, por lo que no se puede generalizar la conducta indeseable de unos pocos, y de paso al país entero. Ni España es la nación más corrupta, ni todos los políticos son corruptos, ni nos hundimos por culpa de la corrupción.
Todos los españoles tenemos derecho a poder confiar en nuestros representantes y en nuestras instituciones.

Mariano Rajoy: "La democracia no puede ser patrimonio de nadie y nadie puede abstenerse de la obligación de protegerla"