El Gobierno da el primer paso para iniciar una reforma integral de todas las administraciones

Este es uno de los compromisos que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 2 de octubre. Es la primera vez en treinta años que se produce una reforma de estas características, que representa una tarea prioritaria en un contexto de crisis.

El primer paso de la reforma será un plan de trabajo para:
- Eliminar duplicidades: Se estudiarán las competencias de Estado, CCAA y corporaciones locales para evitar solapamientos y mejorar su coordinación.
- Simplificar la Administración: Se eliminará burocracia para facilitar un acceso rápido y ágil de los ciudadanos a los servicios públicos.
- Coordinación y gestión de servicios y comunes, como la generalización de centrales de compras, para reducir gastos y modernizar la Administración.

El objetivo es tener una Administración más eficiente, simple, mejor coordinada para que preste un mejor servicio al ciudadano.
A las nuevas propuestas de la Comisión se suman las medidas que ya se han puesto en marcha: reducción de altos cargos y limitación de sueldos, eliminación de empresas públicas y un plan inmobiliario integral.

El Gobierno regula los despidos colectivos y garantiza la sostenibilidad de las pensiones

El objetivo del Gobierno es garantizar las prestaciones por desempleo y la sostenibilidad de las pensiones con medidas que eviten abusos.

Las empresas con beneficios deberán pagar el coste que le supone al Estado los despidos colectivos y deberán promover planes de reinserción.
Las empresas que hayan tenido beneficios durante dos años, tengan más de 100 trabajadores e inicien un proceso de despido colectivo a trabajadores mayores de 50 años deberán abonar los costes que le supone al Estado. Además deberán presentar planes de recolocación especial en el caso de que estos despidos afecten a más de 50 trabajadores.

La prioridad es que el despido sea la última opción y garantizar la seguridad de los trabajadores en cualquier caso.
La reforma laboral fomenta la flexibilidad interna en las empresas y el acuerdo entre empresa y trabajador para que el despido sea la última opción. En el caso de despido colectivo, se reforzará el control durante el periodo de consultas para garantizar la seguridad del trabajador.

El Gobierno llevará al Pacto de Toledo propuestas para proteger a pensionistas y trabajadores mayores de 50 años.
Moderación de las prejubilaciones obligatorias de los trabajadores de mayor edad que resultan injustas. Acercamiento de la edad real a la de jubilación, fomentando el envejecimiento activo y la posibilidad de compatibilizar sueldo y pensiones para incrementar la vida laboral.