El PP llevará al Congreso una Ley para garantizar la ejecución de las inversiones de los PGE

En el transcurso de su intervención en una reunión de concejales de Hacienda del PP andaluz con el coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, Arenas recordó que "al contrario de lo que existe para otras Comunidades Autónomas, Andalucía no cuenta con una cláusula que garantice la ejecución de las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado".

Así, explicó que la Disposición Adicional Decimosexta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 vuelve a establecer una partida extraordinaria con el objetivo de posibilitar el cumplimiento en materia de inversiones de los Estatutos de Cataluña, Baleares y Castilla y León, partida que en este ejercicio asciende a 1.075 millones de euros que compensará, en su caso, los posibles déficit de ejercicios anteriores

"Por lo tanto, si se paga lo no ejecutado a Cataluña, Baleares y Castilla y León en los PGE de 2010, debería pagarse también lo no ejecutado en Andalucía por cuestiones de igualdad entre españoles", dijo el dirigente popular, quien subrayó que "año tras año, el Gobierno de la Nación deja de invertir millones de euros en Andalucía".

En 2007 se dejaron de ejecutar, al menos, el 10% de las inversiones de las sociedades estatales, es decir, 333 millones de euros. Y, en 2008, 475 millones de euros. De esta forma, desde que entró en vigor nuestro Estatuto de Autonomía, las inversiones no ejecutadas a ascienden a 808 millones de euros.

Si a estas cantidades sumamos las dejadas de invertir en 2005 (861 millones) y 2006 (637 millones), se alcanzarían los 2.306 millones de euros sin ejecutar. A agosto de 2009, y a falta de 4 meses para que termine el ejercicio, las cantidades sin ejecutar ascienden a 1.226 millones de euros.

Sumado a lo anterior la falta de ejecución del Gobierno de Zapatero en Andalucía asciende 3.532 millones de euros.

Con esta Proposición de Ley se daría cumplimiento además a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establece que "el gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, en los términos del artículo 138.1 y 2 de la Constitución y que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años".

Nuevo modelo de financiación local

Durante el encuentro se analizó también la situación de "asfixia financiera" que atraviesa las corporaciones locales. En este sentido, Javier Arenas incidió en la necesidad de "poner en marcha de manera inmediata reformas en el ámbito institucional y financiero que permitan empezar a dar solución a estos problemas".

Por ello, reclamó al Gobierno de España que "el nuevo sistema de financiación local, con independencia del momento en el que se apruebe, se aplique a la vez que el modelo de financiación autonómica".

El PP considera que el nuevo sistema de financiación local debe incluir, como líneas básicas:

• Que se consoliden como recursos adicionales los 3.000 millones de euros de garantía de la financiación del ejercicio 2009.

• Que el Gobierno de España garantice, como recursos de carácter incondicionado, el despliegue efectivo de las Participaciones en Ingresos de las Comunidades Autónomas en todo el territorio nacional con arreglo a criterios homogéneos y coordinados, todo ello sin perjuicio de las especialidades que puedan introducir las Comunidades Autónomas en el ejercicio legítimo de su autonomía.

• Que el Gobierno de España proceda a la modificación del sistema tributario local, dotándolo de elementos más dinámicos, vinculados a la realidad económica, en los términos acordados por unanimidad en el Senado en diciembre de 2007.

Estatuto de gobierno local

El PP aboga también por una auténtica "Segunda Descentralización" promovida desde el Estado, que conlleve la transferencia de competencias y recursos desde las Comunidades Autónomas.

Javier Arenas reclamó la aprobación "urgente" de un Estatuto del Gobierno Local como norma básica definitoria del marco institucional y competencial de las administraciones locales, cuya tramitación vaya también paralela a la reforma de la financiación local. El PP apuesta por un modelo de régimen local básico, común y homogéneo para todo el territorio:

• Que atribuya a los Entes Locales la autonomía y suficiencia financiera necesaria para que puedan ofrecer los servicios que le exige la sociedad actual.

• Que garantice la cohesión territorial impidiendo la aparición de modelos de régimen local distintos y heterogéneos.

• Que permita a cualquier ciudadano español gozar de los mismos derechos y participar con las mismas obligaciones, así como acceder a los mismos servicios públicos locales, con independencia de su lugar de residencia.