Este grupo de trabajo es fruto del amplio acuerdo del Congreso por adoptar entre todos un programa eficaz de medidas de regeneración democrática. El grupo de trabajo está dirigido por la vicepresidenta del Gobierno.
El grupo de trabajo elaborará las propuestas que planteó el Gobierno:
1. Regularización por ley de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos: el Tribunal de Cuentas será el responsable del control.
2. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: para facilitar al Tribunal de Cuentas más medios para ejercer su labor de control y respuesta.
3. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público: para prohibir que el sector público contrate a personas o empresas condenadas por corrupción.
4. Limitación, regulación y publicación de los sueldos de los cargos públicos, con la aprobación de un Estatuto del Cargo Público.
5. Endurecimiento de las penas relacionadas con la corrupción, con una reforma del Código Penal.
6. Agilización de los procesos para la persecución de los delitos por corrupción, con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que clarifique las competencias de los tribunales.
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