Hoy se debate la nueva Ley del Aborto, que es una de las leyes estrellas del Gobierno de Zapatero. Hablamos con la portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo. Van a presentar ustedes una enmienda a la totalidad y, al mismo tiempo, enmiendas parciales, ¿les gusta o no les gusta este texto? ¿O sí les gusta pero si se corrige? o ¿no les gusta nada?
En primer lugar, nosotros, efectivamente, hemos presentado una enmienda a la totalidad. Una enmienda de devolución pidiendo al Gobierno que retire este proyecto de ley, un proyecto de ley que, evidentemente, no nos gusta y que nace sin una demanda social. A nuestro juicio y, además, a juicio también de órganos consultivos importantes como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, vulnera principios fundamentales de nuestra Constitución española y, sobre todo, es una ley que no va a solucionar el verdadero problema que tiene la sociedad española, que es el incremento incesante del número de abortos. Eso no quiere decir que en mi grupo, responsablemente, participe dentro del ámbito parlamentario y, como el PSOE se ha cansado de decir que esta reforma responde a dar mayor seguridad jurídica, nosotros lo que queremos demostrar al PSOE es que la mayor seguridad jurídica se cumple con el cumplimiento efectivo de la ley y ofreciendo garantías, precisamente, dentro del ámbito sanitario para que la ley se cumpla, para que no exista fraude de ley y, sobre todo, para que la sanidad pública sea quien tutele realmente un proceso como el aborto. Eso no requiere una reforma como plantea el Gobierno, una reforma de aborto libre, sino que requiere más seriedad y, desde luego, más vigilancia en el cumplimiento de la legislación actual.
Pero plantean ustedes esto como si no hubiera una Ley del Aborto en nuestro país, como si no hubiera abortos en España
No, yo le estoy diciendo todo lo contrario. El incesante incremento del número de abortos es absolutamente escandaloso y, efectivamente, hay una regulación de la Ley del Aborto, una regulación que goza del apoyo de la doctrina del Tribunal Constitucional precisamente porque establece que el aborto es una excepción, no un derecho. Ahora lo que el Gobierno nos plantea es todo lo contrario, es abrir las puertas al aborto libre. Creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es que si con una ley que establece que el aborto es una excepción se están incrementando el número de abortos, ¿qué no ocurrirá con una ley que establece que el aborto puede convertirse en un método anticonceptivo más?
Entonces según usted sí habría que reformar la ley actual, pero ¿en otra dirección o dejarla como está?
Creo que todos somos conscientes, los que hemos participado en la subcomisión, los que hemos hecho un seguimiento de esta cuestión que, evidentemente, resulta más que significativo que en los últimos años el incremento del número de abortos se haya acogido a un supuesto específico, el grave riesgo para la salud física de la madre y, sobre todo, que más del 98% de estos abortos se hayan practicado en clínicas privadas. Esto nos tiene que llevar a una reflexión dentro de la aplicación de la actual normativa que, como bien le digo, establece un equilibrio entre los derechos de la madre, los derechos del no nacido, tipifica el aborto como delito y sólo excepcionalmente permite que se acometa en tres supuestos. En primer lugar, lo que tenemos que vigilar es el cumplimiento de la legislación actual, que encaja dentro del ámbito de la Constitución española. Parte de las enmiendas que nosotros hemos presentado, en concreto esas veinticuatro enmiendas parciales, hacen incidencia dentro del ámbito sanitario a esos controles que debe tener la legislación para asegurarse que no existe fraude de ley. Otra serie de enmiendas que presentaremos, se ha anunciado en mi grupo, presentaremos una ley de Protección a la Maternidad, que sienta sus bases en otro pilar, en algo que nos han dicho aquí todas las mujeres, todos los expertos y todos los que trabajan dentro del ámbito social, y es que no sólo ninguna mujer quiere verse sometida a un aborto, sino que si la ofreciésemos alternativas dentro de una sociedad que se supone que tiene que ser solidaria, evidentemente, no lo haría.
¿Usted también piensa, como los obispos, que quien vote a favor de esta ley no puede comulgar?
Yo es que me dedico a la política. La Iglesia tiene sus opiniones y, evidentemente, los políticos tenemos otras. Creo que este debate trasciende el debate religioso, trasciende incluso el debate ideológico. Creo que este debate lo pueden compartir personas que son creyentes, que no con creyentes, católicos o no católicos porque es un debate de principios y de valores y, desde luego, así encaramos el debate desde el grupo parlamentario popular.