El GPP reclama al Gobierno que no boicotee el traspaso de la AP-9 a Galicia en esta legislatura

Celso Delgado denuncia que la tramitación parlamentaria de la transferencia de la autopista del Atlántico a Galicia lleva meses bloqueada en el Congreso por el PSOE, por lo que le exige que deje de ampliar el plazo de enmiendas de una Proposición de Ley orgánica que cuenta con tres artículos y la unanimidad del Parlamento gallego

El diputado ourensano del GPP recuerda a Puente que también con Gobiernos del PP se implantaron bonificaciones a los usuarios de la AP-9, al tiempo que espera que el Ejecutivo, atendiendo a las constantes reclamaciones de la Xunta y del Parlamento de Galicia, avance “algún trámite” para ampliar próximamente los descuentos de la autopista

Demanda al Ejecutivo que facilite a la Xunta información sobre la situación del procedimiento incoado por la Comisión Europea a España por las ampliaciones de la concesión de la AP-9 hasta 2048, y que clarifique cuál será su postura ante una anulación de las prórrogas

“Es el momento de valorar esta posibilidad y analizar aspectos jurídicos y los costes de un rescate, poniéndola en relación con los desmesurados peajes que se pagan y las bonificaciones comprometidas”, agrega

Recuerda el rotundo incumplimiento del compromiso adoptado por el candidato del PSOE en las pasadas elecciones gallegas, cuando anunció la gratuidad de la autopista con “el aval” de Pedro Sánchez

Demanda al Gobierno que atienda la petición unánime del Parlamento de Galicia de elaborar un estudio, serio y minucioso, sobre el coste que supondría el rescate y la gratuidad de la AP-9, dando traslado de su resultado a la Xunta y a los Grupos Parlamentarios.

Reclama también al Ejecutivo que en la autopista AP-53, en el tramo entre Santiago y Alto de Santo Domingo (Dozón), implante de modo inmediato un modelo de bonificaciones similares a las de la AP-9

Recrimina a Puente “los preocupantes hechos” que desvela un reciente informe de la unidad de delincuencia económica de la Guardia Civil, que sitúan en su Ministerio el “epicentro de una organización criminal”, y señala que su auditoría interna “se ha quedado muy corta” y debe profundidar en la investigación interna y dejar de presionar a la Justicia