Mª Jesús Moro asegura que la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia entraña más riesgos que beneficios: “Ni la exige Europa ni tiene el aval de todo el Ejecutivo”

La portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, afirma que “aprobar esta norma sin una profunda revisión presenta más riesgos y problemas que ventajas y beneficios para los ciudadanos, especialmente al incorporar un proyecto de acciones colectivas con un modelo americano ajeno a nuestra tradición jurídica, que no exige Europa ni comparten la mayoría de los países de la UE y que ni siquiera tiene el aval de todo el Ejecutivo” 

En su opinión, “es inadmisible que la Justicia sufra la actitud poco edificante del Gobierno, que no sólo no encuentran defensa por parte del ministro de Justicia, sino que es el principal activista del acoso y de la presión hacia los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales” 

Reclama la devolución de este Proyecto que “atenta contra los principios más esenciales de la seguridad jurídica; desatiende de manera grave las advertencias del Consejo de Estado e introduce, sin la suficiente motivación, nuevas reglas de otros sistemas jurídicos que rompen con el sistema de defensa de los consumidores y usuarios en España” 

Para Moro es “un cambio de modelo que no ha sido justificado en sus causas ni evaluadas sus consecuencias y que avanzaría en contra de los principales órganos consultivos del Consejo de Estado, Ministerio de Economía, de las principales asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales” 

“La enmienda a la totalidad presentada por el PP responde al aluvión de críticas y reclamaciones de todos los operadores jurídicos que temen un auténtico caos por motivos de forma y fondo”, sostiene, al tiempo que denuncia que el Ejecutivo está abusando de “enmiendas inttrusas, Reales Decretos Leyes y textos fantasmas o fakes, como es el caso”

Reivindica el respeto imprescindible e innegociable del Gobierno hacia el Poder Judicial para seguir avanzando en las reformas presentadas para alcanzar una Justicia más ágil y eficiente en España