Mar González critica que el Gobierno tramite una Ley del Derecho a la Defensa cuando su propio Fiscal General del Estado lo vulnera

La secretaria general adjunta del GPP sostiene que, con la justificación de desmontar bulos, el fiscal general del Estado ha vulnerado el derecho de defensa de un ciudadano al hacer público los correos electrónicos entre abogado defensor y fiscal 

Recuerda que la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función se contempla como falta muy grave y sería causa de cese inmediato, al amparo del artículo 31 del estatuto del Ministerio Fiscal 

Mantiene que para los socialistas el derecho de defensa es diferente según la persona de la que se trate, y reprocha, en una clara alusión velada a la mujer del presidente, que lo han transformado en un “derecho al ataque” contra un juez por parte de todo el Gobierno, “ministro de Justicia a la cabeza” 

Critica que el Ejecutivo no apoye las reivindicaciones de la abogacía cuando “ellos son el medio fundamental para hacer real y efectiva esta prerrogativa”, y pide que “les den todas las facilidades y herramientas para desempeñar mejor su trabajo” 

Acusa al Gobierno de ceder ante sus socios al introducir en este Proyecto de Ley el uso de las distintas lenguas, lo que supondrá “cargar con más tareas a la Administración de Justicia y agravar el retraso en los procedimientos”, al tiempo que afirma que es un gasto totalmente desproporcionado. “Suficientemente ilustrativo debería ser lo que pasa en el Congreso”, asevera 

Defiende las enmiendas presentadas por los populares e insta al Gobierno a que las apoye. “Buscan luchar contra el intrusismo profesional, tipificando como infracción grave el mismo y adoptando medidas para su denuncia, así como facilitar una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral”, concluye