La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, mantiene una reunión con representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), minutos antes de la defensa de esta nueva Ley Feijóo en el Pleno, que el PSOE vota en contra, quedándose solo en la votación
El Pleno del Senado aprueba la toma en consideración de la Proposición de Ley para la exención fiscal de las ayudas para las personas afectadas por la talidomida en España entre los años 1950-1985. Una nueva Ley Feijóo que pretende buscar la reparación para las víctimas de este fármaco 60 años después y que se aprueba con el voto a favor de toda la Cámara, excepto del PSOE, que se queda solo en la votación.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), que después han seguido desde la tribuna de público la defensa de la duodécima Ley Feijóo, por parte del portavoz de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, y la senadora del PP Rosa Romero.
La senadora del PP por Ciudad Real, Rosa Romero, destaca en el turno de portavoces que esta proposición de ley llega ante “la ausencia de capacidad de iniciativa legislativa” del Gobierno, que sólo se ha preocupado de “la vergonzosa e infame” ley de amnistía. Frente a ello, el Partido Popular continúa proponiendo leyes que “mejoren la vida de los ciudadanos, que es nuestra vocación política”, destaca.
Romero recuerda que la primera vez que se definió una partida presupuestaria para los afectados por este fármaco, que se administraba a mujeres embarazadas entre los años 1960 y 1985, fue en 2018, con el Gobierno de Rajoy.
“Después llegó la moción de censura y todo quedó en agua de borrajas, para desesperación de los afectados, que han sufrido un abandono total hasta julio de 2023, fecha en que se promulga el Real Decreto donde se definen las ayudas. “¡Qué casualidad que coincida con la convocatoria de elecciones!”, ironiza.
La dirigente popular incide en que los afectados se han encontrado con retenciones de hasta un 43% del importe de las ayudas. En palabras de la senadora Romero, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, “les pega un sablazo fiscal” y ahora, “les da un nuevo revés al presentar un veto a nuestra propuesta”, argumentando que se produciría una disminución en la capacidad presupuestaria de 20 millones de euros, “cuando sólo el contrato de Broncano es de 28 millones de euros”, apunta.
“Se les tendría que caer la cara de vergüenza”, exclama la senadora popular dirigiéndose a la bancada socialista, para recordar que el Gobierno de Sánchez es “un Gobierno sin alma, que fríe a impuestos a los ciudadanos, los empresarios, los pensionistas y, ahora también a los afectados por la talidomida, para poder compensar a los que les chantajean para seguir en la Moncloa”.
OBJETIVO: BUSCAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
En los mismos términos se expresa el portavoz de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, en la defensa de la toma en consideración esta nueva Ley Feijóo. “Tenemos la oportunidad de promover la reparación de las víctimas y afectados por la talidomida y corregir arbitrariedades. Esta Proposición de Ley es de ellos y por ellos”, señala.
“Más de 60 años después es difícil determinar el número real de víctimas por el uso de este fármaco” recuerda Ruiz Escudero e incide en que provocó graves malformaciones y registró una mortalidad del 40% en el primer año de vida de los bebés afectados.
En la mayoría de los casos, los afectados y sus familias han afrontado unos costes económicos “prácticamente inasumibles”, a pesar de diferentes iniciativas destinadas a ayudar a las víctimas, pero, según destaca el senador por Madrid, “sin llegar a poder indemnizar ni ayudar al mayor número posible de afectados”.
Muestra su decepción ante el voto en contra del PSOE porque “no eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, que ésta pierda su razón de ser”, señala y añade que se trata “de una discriminación” del Gobierno de Sánchez a los afectados por la talidomida, respecto a los beneficiarios de ayudas similares, como enfermos de VIH, las negligencias médicas o de las víctimas de tráfico.
“El Gobierno vuelve a mirar para otro lado y vuelve a poner palos en las ruedas, como ya sucedió con los enfermos de ELA, y como hace siempre que el Partido Popular intenta resolver problemas que afectan directa y personalmente a quienes más lo necesitan”, concluye Ruiz Escudero.