El PP asegura que la Ley Feijóo sobre Costas garantizará el derecho a la propiedad privada de los dueños de viviendas en el litoral

El PP asegura que la modificación de la Ley de Costas garantizará una protección jurídica a las decenas de miles de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público. 

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Alta, el senador por Murcia, Francisco Bernabé, recalca que el problema radica en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica desde la llegada de Sánchez al poder y que hacen peligrar las casas de todos los afectados. 

A su parecer, la regresión costera, provocada por la falta de medidas de protección del litoral durante las últimas décadas, “ha traído consigo que los nuevos deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimoterrestre a muchas pequeñas construcciones que estaban consolidadas en sus núcleos costeros y entornos, desde bastantes décadas antes de que se hicieran esas nuevas alineaciones”. 

Según Bernabé, las consecuencias “están siendo horribles con los nuevos deslindes de dominio público marítimo-terrestre, de modo que los propietarios o reciben órdenes de demolición, o ven como sus bienes son confiscados por el Estado sin entregarles nada a cambio; dándoles, en el mejor de los casos, una concesión temporal sobre los mismos que, una vez expirada, les supondrá no sólo perder su propiedad, que ya lo habían hecho previamente, sino también su derecho a disfrutar de estos”. 

“Son personas normales y corrientes, de clases medias y humildes, cuyo único delito es el de ser dueños de una casa en primera línea de una playa, una cala o un acantilado”, explica el senador murciano. 

En este contexto, el objetivo del Grupo Popular es dar un abrigo legal a esos núcleos costeros que, siendo tradicionales y singulares, no gozan de ninguna protección específica, algo que ahora tiene solución con esta norma. 

El PP propone añadir una disposición adicional a la Ley de Costas referida a la protección de esos núcleos urbanos con especiales caracteres etnológicos, si cumplen tres requisitos: que posean valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados; que estén integrados en el entorno costero, de tal forma que su demolición suponga una pérdida de los mismos; que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre. 

Y para que prospere esa declaración de protección se establece igualmente un control, en el que intervienen las tres administraciones públicas, y que consistiría en: que los ayuntamientos delimiten los núcleos de que se trate; que las CC.AA. emitan un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores antes citados, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral; y que, a la vista de la información recabada, el Ministerio determine si procede la catalogación como protegidos de dichos núcleos. 

Bernabé explica que, una vez realizados estos pasos, esas áreas ya no formarían parte del dominio público marítimo-terrestre, rigiéndose a partir de ese momento por el régimen de los terrenos incluidos en la zona de servidumbre de protección.

Para el dirigente del PP, esta propuesta pondrá solución a aquellos propietarios “impotentes ante la incautación forzosa y gratuita de sus bienes”. Antes de concluir, agradece la presencia de los afectados que han estado presentes durante el debate de la iniciativa en el Senado.

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA LITORAL SIN IDEOLOGÍAS 

Por su parte, el senador Vicente Tejedo, afea el discurso del senador socialista a la vez que denuncia que la ministra Ribera aplica criterios ideológicos en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. “Cuando en la Administración los criterios ideológicos superan al sentido común todo se va al garete, no se solucionan los problemas, más bien se agravan y con resultados francamente negativos”, recalca. 

El senador castellonense pone el foco en las “insuficientes” medidas que ha implantado el Ministerio de Transición Ecológica para evitar los efectos del calentamiento global y subraya que preservar el ecosistema litoral debe ser compatible con otorgar seguridad jurídica a situaciones singulares, como las que aborda la propuesta de su Grupo. 

Tejedo defiende que la iniciativa pretende resolver un “problema que afecta a muchos municipios españoles”, a la vez que incide que “viene avalada por administraciones autonómicas, provinciales y locales, por entidades y asociaciones de afectados”. 

Antes de finalizar, el senador por Castellón solicita el voto a favor del resto de grupos para “demostrar a los ciudadanos afectados que somos capaces de legislar, compatibilizando sus derechos con la protección del ecosistema litoral y sin ideologías”.