La portavoz de Universidades del Grupo Popular en el Congreso afirma que la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) “ha empeorado sustancialmente el Proyecto de ley” y asegura que “la paradoja de la LOSU es que es la ley antisistema universitario”
En su opinión, “el contenido de esta ley orgánica no aporta las soluciones que la Universidad demanda desde hace tiempo ni la prepara para los nuevos retos en el marco europeo o internacional y, sin embargo, abre un panorama de inseguridad y de desregulación que será combatida con más normas de todos los niveles de administraciones de referencia”
Asegura que “han hecho desaparecer de la Ley el concepto de nación y país, y eliminan el carácter estatal de la acreditación para acceder a los cuerpos docentes e investigadores de funcionarios, que son cuerpos nacionales”
Confirma que “la LOSU abre un rumbo hacia la ruptura del principio de igualdad en evaluaciones y acreditaciones y más dificultades para la movilidad dentro del sistema universitario”
Para la portavoz popular “se abre un rumbo cierto hacia la ruptura del principio de igualdad en evaluaciones y acreditaciones y más dificultades para la movilidad dentro del sistema.
Subraya que “el Rector deja de ser la máxima autoridad de una administración pública singular como son las universidades públicas, su representante, para contentar a los grupos políticos independentistas que quieren influir directamente a la hora de colocar a los suyos a la cabeza de las universidades.
Denuncia que “no es la ley que venía a acabar con la precariedad del profesorado universitario” ya que “dar estabilidad no es hacer indefinidos a asociados que ya son profesionales cualificados y que viven de la remuneración de su trabajo en la empresa privada o en la función pública y, además, de elimina garantías para que accedan a la plaza de ayudante doctor los mejor formados”
Remarca que “se rechaza dar visibilidad a quien de verdad es plaza de acceso a la universidad, los contratados predoctorales (los conocidos como FPU y FPI), cantera cualificada del profesorado universitario, que deben tener su sitio y no ser una mera aceptación genérica con remisión a otra ley que no es la suya”
Sostiene que el Gobierno “ha cedido al chantaje de quien, para hacer lo que la Generalitat de Cataluña quiere, amenazaba semanas atrás con desobedecer una vez más la ley en el caso de que no se incorporaran sus demandas”
De igual modo, “despoja a la Conferencia General de Política Universitaria de competencias, entre otras, sobre la fijación de límites de los precios de las matrículas
Lamenta que no hayan merecido enmiendas del GPP, como las que se refieren al acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual; recelan de cualquier propuesta para mejorar la necesaria colaboración pública-privada que impulse la investigación, la innovación y la transferencia de resultados; ponen más obstáculos para que las universidades puedan crear y colaborar con personas jurídicas en el desarrollo de sus funciones; o se niegan a abordar la regulación del mecenazgo en la universidad o la EBAU única
Apunta que “este es un proyecto sin un modelo de universidad, una ley falta de objetivos, con un régimen de personal docente e investigador incomprensible, un modelo de internacionalización sin instrumentos eficaces, un modelo de financiación ambiguo y no negociado y un modelo de gobernanza sin dinamismo