Introduce, además, medidas para impedir que las empresas, independientemente de su tamaño o del sector en que operen, obtengan ingresos adicionales por la atención de las quejas, reclamaciones e incidencias de sus clientes.

Ignacio Cosidó subraya que "hay muchos asuntos pendientes e importantes como el creciente malestar en policías y guardias civiles, el repunte de la inseguridad ciudadana o el caso Faisán, entre otros"