La reforma del Poder Judicial acerca la justicia a los ciudadanos

El Pleno del Senado aprobó hoy el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. El senador por Almería, Rogelio Rodríguez-Comendador, aseguró en su intervención que “esta reforma del Poder Judicial acerca la justicia a los ciudadanos” y valoró “muy positivamente” la incorporación de enmiendas de otros grupos políticos.

Rodríguez-Comendador explicó que dicha reforma “amplía las competencias de los jueces de violencia sobre la mujer para instruir los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer y también los delitos de levantamiento de condena o de medida cautelar”. En este sentido, el senador popular, señaló que se extenderá, por Real Decreto, la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales. 

La Reforma del Poder Judicial prevé también que el Consejo General del Poder  Judicial pueda especializar uno o más órganos de modo temporal para resolver “aquellos asuntos que, por su volumen y  de forma temporal, necesiten respuestas rápidas por parte de la justicia”, subrayó Rogelio Rodríguez-Comendador. 

El texto de modificación incluye además la transformación de los institutos de medicina legal para convertirlos en órganos multidisciplinares, exigiendo la especialidad de medicina legal para acceder al cuerpo de médico forense. 

El senador por Almería destacó que el Proyecto de ley incluye “una modificación importantísima en materia de vivienda ya que, a partir de ahora, los propietarios de inmuebles con sentencia de derribo serán indemnizados antes de perder sus casas”. 

Así mismo, la reforma eleva el número de miembros de la Comisión Permanente del Consejo que pasará de cinco a siete vocales, cumpliendo así una vieja demanda de la propia Comisión Permanente del Consejo. “Lo que hacemos es trasladar la opinión del Consejo a la propia Ley”, subrayó Rodríguez-Comendador. 

Por último, el senador popular explicó que, con  la reforma “el derecho de las lenguas oficiales se valorará como mérito pero no como requisito para seleccionar los puestos de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal”.