Para Sainz, la limitación de la velocidad máxima a 110km/h en autovías y autopistas a partir del próximo 7 de marzo es impopular, poco rentable y no responde a la necesidad de disminuir la dependencia energética de España.
En su opinión, "esta medida parece más propia de problemas en el abastecimiento que de ahorro energético porque, es evidente que lo que dejan de gastar los ciudadanos, lo deja de ingresar el Estado a través de los impuestos".
Así, la senadora gallega asegura que hay datos que indican que el ahorro anual sólo supondrá un 3%, tanto en el volumen de importaciones como en el coste al usuario, siempre que la medida se mantenga durante todo un año. "Este es uno de los muchos datos ofrecidos al respecto, pero no el único, porque hay muchos y muy contradictorios que el Gobierno debe de aclarar a todos los ciudadanos", concreta.
Además de la falta de datos precisos que indiquen cuánto ahorro va a suponer esta medida, Sainz estima que existen muchas dudas sobre su implantación por lo que solicita al Gobierno explicaciones a las siguientes cuestiones:
- ¿Cómo explica el Gobierno que cuando esta medida afecta a las autovías autonómicas no la haya acordado sin consultar a las CCAA?, ¿la Administración Central va a hacer frente a los gastos económicos que el cambio de la señalización de velocidad tiene que hacerse en las autovías autonómicas?
- ¿A cuánto asciende el coste del cambio de señalización de la nueva velocidad a 110 k/h.?, ¿qué empresas han sido las encargadas de realizar el cambio de señales?, ¿por qué sistema de adjudicación se hizo?
- ¿Cuál es el coste estimado que puede suponer para la Hacienda Pública el ahorro derivado de la rebaje de la velocidad a 110 k/h.?
- ¿Cuál es el incremento estimado derivado de la posible mayor recaudación por multas?, ¿Comparte el Gobierno el cálculo de un 30%, con un coste para los usuarios de 21 millones al año hecho por este concepto por la Organización de Automovilistas Europeos Asociados?
- ¿El Gobierno ha tenido en cuenta que las medidas de reducción de velocidad en las radiales, como sucedió en Cataluña, supuso una multiplicación de problemas en lugar de reducir los que había?
- ¿Ha calculado el Gobierno el tiempo que los ciudadanos tendrán que pasar en los desplazamientos que diariamente tienen que hacer?, ¿Ha calculado si la reducción de velocidad podría provocar mayores retenciones en las autovías próximas a los grandes núcleos de población y, con ello, un incremento del consumo?
- ¿El Gobierno ha estudiado si la reducción de velocidad impuesta puede repercutir en problemas de competitividad para nuestro país?
- ¿El Gobierno ha tenido en cuenta los posibles problemas laborales que pueden experimentar algunas empresas derivados de un incremento del número de horas que los conductores tendrán que pasar en largos recorridos?