El PP pide la creación de una Fiscalía especial que investigue el enaltecimiento del terrorismo y la violación de los derechos de las víctimas

El senador del PP por Almería y secretario tercero de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha pedido hoy al Gobierno, a través de una moción, debatida en la Comisión de Justicia de la Cámara la “creación de una Fiscalía especial para la investigación de actos que supongan enaltecimiento del terrorismo, la violación de los derechos de las víctimas o la convocatoria de actos que inciten a su desprecio o humillación”.

En su intervención, Rafael Hernando, ha explicado que son muchos los crímenes de terrorismo que todavía están siendo investigados o pendientes de investigación, y es preciso que, en todo momento, “la legislación procesal penal tenga presente la necesaria protección de los derechos e intereses de las víctimas”.

Por esto, tal y como alude la moción defendida por Rafael Hernando, es conveniente “la creación de una Fiscalía especial para la investigación de actos que representen nuevas modalidades de terrorismo y que supongan su enaltecimiento y en consecuencia la humillación de las víctimas del terrorismo”.

Esta creación se incardina en el “compromiso con los valores democráticos” y el “derecho de las víctimas” a que se investigue toda violación de los derechos humanos o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o la humillación de las mismas. En este sentido, Hernando, ha afirmado que “los poderes públicos deben trabajar para que la sociedad no caiga en el desconocimiento de la verdad”, atendiendo a las causas reales de victimización, y contribuyendo a un relato de lo que sucedió en nuestra sociedad, como consecuencia de los actos terroristas.

Igualmente, el senador del PP ha señalado que deben evitarse “falsas equidistancias morales o políticas y ambigüedades” y debe recogerse con absoluta claridad la existencia de “víctimas y terroristas, quien ha sufrido el daño y quien lo ha causado”.

MOCIÓN RECONOCIMIENTO PERSONAL DE JUSTICIA

En el debate de la segunda de las mociones del GPP, Fernando de Rosa ha asegurado que “la presencia del Estado en Cataluña es esencial”, y el Grupo Popular estima “necesario establecer mecanismos para fomentar la estabilidad y permanencia de los jueces en Cataluña, en este caso mediante un incentivo económico, evitando la movilidad y desertización de plazas judiciales catalanas”.

Así, la moción defendida por el portavoz de Justicia del GPP pide al Gobierno “el reconocimiento de la labor efectuada por jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y demás personal de la administración de justicia, que están ejerciendo su labor en condiciones hostiles debido a la tensión provocada por el desafío soberanista catalán”.

En un segundo punto, la moción solicita también “reformar la ley 15/2003 del 26 de mayo, reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, así como insta, a la administración competente, a que se dote a todos los funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en la comunidad autónoma de Cataluña, de ayudas de índole económica”.

En su intervención, Fernando de Rosa ha puesto de manifiesto que "la falta de libertad” vinculada a la radicalización de los nacionalismos excluyentes y radicales, siempre provoca “actuaciones de acoso y derribo al poder judicial”, como es el caso ahora mimo en Cataluña.

Esta situación, tal y como ha expuesto Fernando de Rosa, “ha castigado severamente” a los jueces, magistrados y el personal de la Administración de Justicia destinados en Cataluña. “La movilidad y desertización de plazas de jueces titulares implica, necesariamente, el recurso a la “justicia interina” y a su sobredimensionamiento.

Para el portavoz de Justicia popular, “el hecho de no protegerlos, podría ser interpretado por un atisbo del debilitamiento del Poder Judicial y un abandono de estos servidores públicos, cuya presencia en Cataluña no puede ser reemplazada por jueces sustitutos”.

Por esto, considera que “es necesario dotar a los órganos judiciales de estabilidad y garantizar la profesionalidad, solidez e independencia del desempeño de la administración de justicia; ya que en toda sociedad democrática el respaldo y apoyo a la labor de los profesionales de la justicia debe reconocerse”.