El portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Agustín Almodóbar, y la portavoz adjunta, María Salom, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que “suspenda sine die la aplicación del Real Decreto 933/2021 que impone un “Gran hermano turístico”.
Agustín Almodóbar afirma con rotundidad que la industria turística ha calificado la pretensión del Gobierno de Sánchez de “desproporcionada y de imposible cumplimiento”, por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas turísticas, alojamientos, agencias de viajes y agencias de alquiler de vehículos.
“Es una clara muestra más de la forma de hacer las cosas de este Gobierno y de su nefasta forma de legislar. Sánchez está dispuesto a imponer esta norma dando la espalda a los sectores implicados y, en su afán por controlarlo todo, da un paso más allá de las instituciones, para controlar a los españoles y a los turistas”, asevera.
Por ello, el senador alicantino destaca el objetivo de la moción del Grupo, que plasma el trabajo desarrollado por el PP en los últimos tres años, fruto de la escucha “de los verdaderos artífices del éxito turístico de España, que no son otros, que nuestros destinos, empresas y trabajadores del sector”, señala.
El dirigente popular aprovecha para saludar a los representantes de la industria turística, presentes en el Hemiciclo del Senado, e incide en que la redacción del RD “manifiesta un profundo desconocimiento” del sector turístico y de la forma que se generan las reservas y las llegadas de turistas en España.
En este sentido, advierte que el Gobierno “pone en riesgo la competitividad de nuestra industria más importante, incrementa el coste operativo y la complejidad de la gestión” a un sector integrado en su mayoría por autónomos y PYMES; al tiempo que pretende convertir en “policías” a los trabajadores. “¿Qué sentido tiene ser espacio Schengen si la frontera se traslada a cada recepción de un hotel?”, pregunta.
Exige al Ejecutivo que aplique lo recogido en la iniciativa popular aprobada por amplia mayoría en el Pleno del Senado y asegura que “la propia industria es la primera interesada en que España siga siendo uno de los destinos turísticos más seguros. Desde el PP seguiremos defendiendo el sentido común. Escúchenlos y, por una vez, háganles caso”, concluye.
APLICACIÓN DE LA NORMA EUROPEA “SIN AÑADIDOS NOCIVOS”
En el turno de portavoces, la senadora por Baleares, María Salom, acusa al presidente del Gobierno de “colar de tapadillo” otros temas cuando hay que trasponer una directiva europea, al igual que hizo con la reducción de penas a los terroristas o con los impuestos a la banca y energéticas.
Resalta que todo el sector turístico, al igual que el Partido Popular, “está en contra” de este R.D. y que incluso las patronales turísticas europeas hablan de “oposición, alarma y desconcierto”; al tiempo que añade que “queremos un país seguro y trasponer la directiva europea, pero sin añadidos nocivos”.
En este sentido, la senadora popular critica la cantidad de “datos sensibles” que solicita el Ministerio del Interior y pone como ejemplo que se solicite “el vínculo entre las personas en el caso de compartir habitación, una intromisión clara a la intimidad más de otras épocas que de un país democrático”.
María Salón enumera los motivos por los que el sector español y el PP se opone a esta normativa: “Inseguridad jurídica; desventaja competitiva respecto al mercado europeo; la falta de una adecuación tecnológica; la carga administrativa desproporcionada para los establecimientos turísticos; y porque vulnera la normativa europea”.
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