El PP denuncia ante la CE la intensificación de la ofensiva del Gobierno contra la independencia judicial

Montserrat pide a la CE que condene cualquier ataque proveniente de un miembro del poder Ejecutivo a la legitimidad del poder judicial y a sus resoluciones y asi lo recoja en el futuro informe de Estado de Derecho

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La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, ha denunciado formalmente ante el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, el último ataque del Gobierno contra la independencia judicial, enmarcado en una ofensiva reiterada de extrema gravedad contra los jueces.

La portavoz popular pone el foco en las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha calificado de "vergüenza" una resolución judicial. Montserrat subraya que no se trata solo de un cuestionamiento de la legitimidad de un fallo concreto, sino de un ataque directo a principios constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia. En este sentido, advierte de que unas declaraciones realizadas desde un alto cargo institucional no pueden considerarse una mera opinión personal, sino una intromisión del Ejecutivo en el poder judicial.

“Aún más preocupante es que este atropello no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de reformas institucionales diseñadas a la medida del Ejecutivo, debilitando deliberadamente el equilibrio de poderes”, dijo Montserrat.

A través de una carta, Montserrat ha denunciado que este nuevo episodio constituye un ataque directo a los principios fundamentales del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. Recuerda que desde hace tiempo mantiene un diálogo constante con la Comisión Europea para alertar sobre las campañas de desprestigio emprendidas por miembros del Ejecutivo contra jueces y magistrados. De hecho, los informes sobre el Estado de derecho en España de 2022, 2023 y 2024 ya reflejaban la preocupación de diversas partes sobre las críticas de políticos al poder judicial.

Además, destaca la reacción inmediata y sin precedentes de la carrera judicial y fiscal, que de manera unánime ha expresado su preocupación ante lo que considera un intento del Gobierno de deslegitimar las decisiones de los tribunales cuando estas no se ajustan a su conveniencia política. La contundencia de esta respuesta refleja la magnitud del problema y la creciente alarma dentro del ámbito judicial.

Ante esta situación, Montserrat pide a la Comisión Europea que tome nota de este nuevo ataque institucional y reitere públicamente que el respeto a la independencia judicial es un principio innegociable del Estado de derecho y de obligado cumplimiento por parte de los Gobiernos. Considera imprescindible que se condene cualquier intento del poder Ejecutivo de socavar la legitimidad del poder judicial y sus resoluciones, y que estos hechos queden reflejados en el próximo informe sobre el Estado de derecho en España.

Para la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, la Unión Europea no puede permanecer impasible ante una deriva que pone en riesgo los principios democráticos fundamentales. Asegura que, cuando un Gobierno cruza líneas que vulneran el equilibrio institucional, es deber de las instituciones europeas alzar la voz y actuar en defensa de la separación de poderes