El PP lleva ante la Comisión Europea el acuerdo migratorio con Junts sobre menores por violar los principios de solidaridad y proporcionalidad

El Partido Popular ha llevado ante la Comisión Europea el reciente acuerdo entre el Gobierno de España y el partido Junts sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, por violar claramente los principios de solidaridad y proporcionalidad que rigen la política migratoria de la Unión Europea.

En una pregunta parlamentaria, presentada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido subraya que el reparto amañado prevé que Cataluña, que cuenta con 8 millones de habitantes, acoja únicamente entre 20/30 de los 4.000 menores migrantes no acompañados actualmente en Canarias, mientras que la Comunidad de Madrid, con sus 7 millones de habitantes, o Andalucía con sus 8 millones, deberán recibir más de 700. La diferencia, subraya, es que Cataluña está gobernada por el partido socialista, mientras Madrid está gobernada por el PP.

“Las cifras muestran claramente que este reparto con tintes racistas y xenófobos se basa en criterios políticos espurios en lugar de principios objetivos de solidaridad y proporcionalidad, y plantea serias dudas sobre su compatibilidad con los valores y normativas de la UE en materia de asilo y protección infantil”, indica.

Por ello, Montserrat pide a la Comisión que se pronuncie sobre si este acuerdo respeta el principio de solidaridad entre regiones y equilibrio en la gestión de la migración, tal como establece el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Además, reclama qué medidas va a adoptar la Comisión para garantizar que la reubicación de menores migrantes en España se realice de acuerdo con criterios objetivos, capacidad de las regiones y respeto al interés superior del menor, tal como establece el Derecho de la UE y la Convención de Derechos del Niño.

“Este trato desigual evidencia el uso partidista que el Gobierno hace de la inmigración, priorizando acuerdos políticos con sus aliados separatistas antes que la justicia y el bienestar de los menores afectados”, ha manifestado Montserrat.

“Defendemos firmemente nuestros principios y creemos que la reubicación de menores migrantes en España debe realizarse con criterios objetivos y equitativos, en cumplimiento del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, planteó. “La gestión de la inmigración no puede ser la bolita del trilero Sánchez en sus negociaciones con los independentistas”, añadió.

Además, dijo Montserrat, este acuerdo injusto es el colofón de la incompetente gestión y desidia del presidente Sánchez, que como es incapaz de atacar las causas profundas, ha hecho que se disparen las cifras de llegadas a España en un verdadero “efecto llamada”.

Denunció así la “situación límite” en la que se encuentra la frontera Sur de Europa, Canarias, Ceuta y Melilla, ante un gobierno incapaz de actuar y de pedir más ayuda a Europa, pese a todas las posibilidades que ofrece la política de control de fronteras y gestión de migraciones.

Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido señala que hay una contradicción importante entre el Pacto de Migración y Asilo que votaron los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hace unos meses, “donde la solidaridad entre territorios era una de las bases” y este acuerdo: “De repente, esa solidaridad entre territorios se ha esfumado; van a sacar a Cataluña del reparto para aguantar, una semana más, los siete votos de Junts”.

Para el exministro del Interior, esta situación es más grave “si tenemos en cuenta la falta de planificación del Gobierno de España, que reparte entre las comunidades autónomas los menores migrantes, como si se tratara de un mercado persa”. Un reparto, añade el eurodiputado, que se está haciendo “sin decir una palabra sobre los recursos que van a ofrecer a estas mismas regiones”. Esta falta de recursos es, en opinión de Zoido, “una señal inequívoca de que la integración de estos menores en España es lo que menos le importa al PSOE”.

Esta es la segunda pregunta que el PP presenta a la Comisión sobre el acuerdo con Junts, después de la presentada para que Bruselas active la vigilancia sobre "la legalidad y las consecuencias" del pretendido traspaso de competencias a Cataluña para impedir un deterioro de la seguridad de las fronteras de la Unión.

La Delegación del PP en el Parlamento Europeo considera que la fragmentación administrativa en el control de fronteras, la concesión de visados o la gestión de autorizaciones de estancia puede comprometer la seguridad y el control migratorio dentro del espacio Schengen.