La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, destaca “la ambición reformista” de esta proposición de ley que implica la modificación de cuatro normativas existentes: la ley del suelo, la ley de vivienda, la ley de jurisdicción contencioso-administrativa y la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas
Adelanta que antes de traer la proposición de ley al Senado, se reunirá con la FEMP, con las CCAA y con el sector para su valoración, “a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno”, critica
Señala en su interpelación que “no se puede desligar” la ley del suelo de la de vivienda “que tanto daño está causando” y, por ello, el proyecto de reforma que presentará el PP incluye la derogación de “aspectos tan lesivos para los ciudadanos” como los provocados por el control de los precios con el Índice de alquileres o la tolerancia con la ocupación
La propuesta tendrá los objetivos de dar seguridad jurídica al planeamiento urbanístico, promover el urbanismo responsable para que la inacción de la administración no perjudique a los ciudadanos y exigir la aplicación del principio de eficiencia en la emisión de informes.
También limitará tanto la nulidad por vicios formales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas como la impugnación de instrumentos y actos por “intereses espurios”
Explica que “no podemos perder ni un minuto más” con leyes socialistas “contraproducentes y carentes del mínimo consenso” y que lo que se necesita de forma urgente es incrementar la oferta: “Donde las políticas de la izquierda levantan barreras para el acceso a la vivienda, nosotros trabajamos para derribarlas”
Recuerda que hace pocos días el PP presentó el “Plan + Vivienda” con 16 medidas concretas para afrontar la difícil situación del sector, extraídas de “la experiencia de gestión” en las 12 comunidades y las 2 ciudades autónomas donde gobierna el partido y se incluían 5 acciones específicas para los jóvenes: “Queremos que los jóvenes miren el futuro con ilusión. Una ilusión que este gobierno les ha arrebatado”
Arremete contra el Ejecutivo por hacer política de escaparate y de “comodín electoral” y duda del anuncio de Sánchez de construir 184.000 viviendas: “Su gobierno está solo”, afirma en referencia a la ley del suelo que el Gobierno tuvo que retirar en el Congreso al no lograr el apoyo ni de Sumar
Argumenta que la ley de Vivienda, que el gobierno logró aprobar con sus socios Podemos, ERC y Bildu, blindaron el control de los precios y la tolerancia con la ocupación ilegal, lo que ha provocado “efectos demoledores” durante el tiempo de vigencia.
Insiste en que la ley de vivienda recibió el rechazo unánime de CCAA, ayuntamientos o CGPJ y generó “quince meses de inseguridad jurídica, ahuyentar la inversión, reducir la oferta de alquileres y criminalizar a los propietarios”