La iniciativa legislativa pretende instaurar una justicia ágil,moderna y que fortalezca las garantías procesales para la regeneración democrática y lucha contra la corrupción
El diputado del Grupo Popular, Gonzalo Ordóñez, aseguró hoy que “en torno las 30 iniciativas legislativas que ha llevado a cabo el Gobierno del PP en esta legislatura han permitido un mejor ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Durante el debate del Proyecto la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, el diputado del PP señaló que “la reforma de esta de 1982 supone la actualización a la realidad del año 2015”.
“El objetivo de esta norma es instaurar una justicia ágil y moderna que fortalezca las garantías procesales para la regeneración democrática y lucha contra la corrupción”, afirmó Gonzalo Ordóñez.
De esta manera, remarcó que “se responde al clamor y al derecho de todos los ciudadanos de tener una justicia ágil y eficaz, que fortalezca y garantice sus derechos procesales y dé cumplida respuesta a una demanda de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción que a todos corresponde”.
Para ello, apuntó que “se modifica el plazo de instrucción de un año a seis meses en las causas sencillas y de 18 para las complejas, lo que permitirá al lesionado conseguir sin mayor dilación el justo resarcimiento y evitará el estigma al inocente”.
Además, añadió que se modifica las reglas de la conexidad para que “cada delito se investigue de forma independiente; un delito una causa”. “La acumulación sólo tendrá lugar en los caso expresamente tasados”, subrayó.
Asimismo, indicó que se “fortalece las garantías procesales y la seguridad jurídica, ya que se sustituye el término de imputado por investigado o encausado dado el estigma que el concepto de imputado constituía”.
Por último, Gonzalo Ordóñez denunció que el socialista Pedro Sánchez dijo que si algún día llegaba al Gobierno reformaría el Código Penal para actuar contra el patrimonio de los corruptos aunque lo tuviera a nombre de terceros; sin embargo, el 26 de marzo votó en contra de la reforma del Código Penal del Gobierno que ya recogía este punto.
Por ello, reclamó al PSOE que “ahora que ya saben lo que van a votar y que esta norma viene a completar la reforma del Código Penal, apoyen esta iniciativa que protege y permite resarcir a la sociedad de los efectos de la delincuencia y un importante avance en los derechos del detenido”.