Hacienda investigará “hasta el último papel de Panamá”

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha replicado hoy a los socialistas que Hacienda investigará hasta el último papel de Panamá.

En su intervención en el Pleno con motivo del debate de una iniciativa socialista sobre reforma fiscal y lucha contra el fraude, el dirigente popular ha acusado a los socialistas de avivar “la confrontación” con una propuesta de reforma fiscal “paradójica”, puesto que mientras “se supone que persiguen más ingresos para el Estado, su negativa y la de Sánchez al diálogo con el PP nos aboca a unas elecciones de 130 millones de gasto público”.

Rojas ha denunciado que la iniciativa socialista “es una copia del programa electoral socialista asumida por Ciudadanos y derrotada por esta Cámara”, advirtiéndole a ambos que “perseverar en la derrota y empeñarse en acuerdos imposibles es un error”.

El portavoz popular ha desgranado en su intervención los efectos negativos de una presumible reforma fiscal socialista y cómo sería la lucha contra el fraude fiscal si se aplicasen los mismos criterios que se aplican en Andalucía con los ERE.

Rojas ha rechazado de lleno una propuesta fiscal que “supone una subida indiscriminada y por sistema de impuestos” y que, a su vez, “está llena de pretendidas lecciones por parte de quienes dejaron caer la recaudación tributaria en casi 70.000 millones”. “No queremos volver a las políticas que nos llevaron al récord de paro y a una crisis sin precedentes en nuestro país”, ha subrayado Rojas, confrontando este modelo insostenible con la apuesta clara del PP: “Seguir bajando impuestos y prestar mejores servicios”. “El PP está con la gente, con el empleo y con más contribución de todos al Estado del Bienestar”, ha apostillado.

El modelo fiscal del PSOE es otro, ha advertido Rojas, y se basa en el modelo andaluz, que es la comunidad “donde se pagan los impuestos más altos de España, donde se tiene la tasa de paro más alta de España, y que es también la región con más desempleo de Europa”. En definitiva, se trata de “un modelo que no sirve” y que incluye la negativa del socialismo a eliminar el impuesto de sociedades y donaciones, que “está provocando que miles de familias trabajadoras renuncien a su herencia, porque no tienen liquidez para pagarle a la Junta un impuesto que apenas se paga en otras comunidades”. 

En relación con la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Rojas ha señalado que el PSOE “no puede dar muchas lecciones” en esta materia, porque mientras los cambios regulatorios introducidos por el PP “han funcionado” -propiciando un récord en dinero aflorado y la obligación de que se declaren los bienes en el extranjero-, los sucesivos gobiernos socialistas apadrinaron “dos amnistías fiscales: una en el 84 y otra en el año 91 y ambas opacas, sin efectos fiscales, salvando el anonimato, y por las que el Estado pagaba”.

Por estas razones, Rojas ha hablado de “falta de credibilidad y de incoherencia” en una propuesta donde los socialistas solicitan agravar la penas del delito fiscal, cuestión que ya se contempla en la reforma de 2015 con la no suspensión de las condenas hasta que el penado no reintegre lo defraudado, o que se elabore una lista negra de países con paraísos fiscales, cuando durante gobiernos socialistas hubo empresas públicas, como FOCOEX, que pagaron en paraísos fiscales. 

Los efectos de la combinación de una reforma fiscal “paradójica” y de una lucha contra el fraude fiscal “incoherente” pueden verse hoy en día en Andalucía, donde “se derrocha el gasto público y el fraude se dispara”. “El Gobierno andaluz no solo es el de los ERE, el de los cursos de formación, el de Bahía Competitiva, el del caso Marismas, el del caso Avales, el del caso Jeremy o el del caso Invercaria, es también el Gobierno donde el dinero público andaluz ha acabado presuntamente en paraísos fiscales, el mismo que se ha robado a los parados mancillando el buen nombre de nuestra tierra”.

“Decimos que no a esta forma de gestionar”, ha zanjado Rojas, “y no es un ‘no’ por el no; es un ‘no’ porque no hay derecho a que se gestione así el dinero público”.