El GPP presenta enmienda de totalidad a la reforma del Reglamento porque busca desactivar que el castellano sea la lengua oficial del Estado

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda de totalidad, con texto alternativo, a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para el uso de lenguas distintas al castellano impulsada por los Grupos Socialista, Plurinacional Sumar, Republicano, EH Bildu, Vasco y el diputado del BNG.

El Grupo Popular denuncia en su iniciativa que la reforma no nace de la vocación de acuerdos que deben presidir cualquier modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados, sino de los acuerdos adoptados por un grupo político con grupos minoritarios, con el único objetivo de recabar los apoyos necesarios para obtener la presidencia del Congreso, y para una eventual investidura de Sánchez.

Por ello, el GPP propone mantener el texto del Reglamento, tal y como estaba con carácter previo a esta iniciativa.

En dicha enmienda, el GPP rechaza la modificación del Reglamento al considerar que “el idioma oficial del Congreso de los Diputados es el castellano” y que dichas formaciones políticas quieren desactivar dicha oficialidad, contenida en el artículo 3.1 de la Constitución.

El GPP explica en la exposición de motivos de su iniciativa, suscrita por su portavoz, Cuca Gamarra, que la oficialidad del castellano implica que es el idioma de comunicación entre los poderes públicos y de los ciudadanos ante ellos en el conjunto del Estado, en todo el territorio nacional.

Las demás lenguas de España, según el artículo 3.2 de la Constitución, son también oficiales “en las respectivas Comunidades Autónomas”, es decir, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma, incluyendo a los órganos de la Administración del Estado.

Como el Congreso de los Diputados no se ubica, radica ni ejerce sus funciones en el territorio de alguna Comunidad Autónoma cuyo estatuto haya designado alguna lengua como cooficial con el castellano, la lengua oficial del Congreso de los Diputados es el castellano. Por ello, ninguna lengua que sea cooficial en alguna Comunidad Autónoma puede ser lengua oficial de la Cámara Baja.

La imposibilidad constitucional de dotar a las lengas españolas cooficiales de los efectos de lenguas oficiales del Estado no pugna con el especial respeto y promoción que predica el artículo 3.3 de la Constitución.

NO HAY COOFICIALIDAD EN TODO EL ESTADO

El Grupo Popular afirma en su enmienda de totalidad que la Carta Magna no ha diseñado un sistema de cooficialidad de todas las lenguas españolas en todo el territorio de España, por lo que la proposición de reforma atribuye a las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas los efectos propios del estatus de cooficiales en el Congreso, chocando con el artículo 3.1 y 3.2 de la Constitución.

Este hecho supone un desplazamiento del castellano como lengua oficial del Estado que el uso de traducciones no lo impide, ya que se trata de algo de carácter operativo. En definitiva, remarca que “la oficialidad del castellano en todo el Estado ordenada por el artículo 3.1 de la Carta Magna no se satisface con la traducción de una intervención o documento al castellano, sino con la utilización del castellano como única lengua oficial de la Institución”.

NO SE REGULAN MECANISMOS DE INTERPRETACIÓN ADECUADOS

Finalmente, se indica que la Proposición prevé el derecho de los diputados a usar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, tanto en sus discursos como en sus escritos; pero no se regulan los procedimientos y mecanismos de traducción e interpretación al castellano que posibiliten el adecuado entendimiento por los diputados y por los ciudadanos a quienes representan, único idioma oficial del todo el Estado y que todos los diputados tienen la obligación constitucional de conocer.

“La Proposición omite así la regulación de elementos básicos y esenciales del ejercicio por los diputados de su cargo representativo, obvia cualquier regulación que asegure el necesario equilibrio entre la prevista utilización en el Congreso de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas y el derecho fundamental de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones sin obstáculo alguno derivado del desconocimiento de estas lenguas”, asevera el Grupo Popular en su enmienda de totalidad con texto alternativo.