El GPP logra que el Congreso impulse mejoras para las personas con discapacidad en el medio rural, facilite su acceso a la justicia y amplíe las ayudas ortoprotésicas tras la DANA

La portavoz del GPP en la Comisión de Discapacidad, Violante Tomás, insta al Ejecutivo a acometer las reformas necesarias “que hagan posible la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales y en igualdad de condiciones” 

Solicita que se dé la posibilidad de elegir la comunicación en sus interacciones judiciales, ya sea “en lengua de signos, braille, lectura fácil, subtítulos o los dispositivos aumentativos” y pide, para evitar la victimización secundaria, “priorizar la adaptación de los Juzgados con instalaciones accesibles e inclusivas, eliminando barreras físicas o sensoriales” 

Exige un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la persona dependiente que involucre a las diferentes administraciones y contemple medidas de formación especializada a todos los agentes implicados para asegurar su accesibilidad. “Un Plan que elimine prejuicios, estereotipos y cualquier otra forma de maltrato institucional a las personas con discapacidad” 

Recuerda que CERMI señaló que en España el acceso a la justicia no está garantizada suficientemente para las personas con discapacidad, y apunta que los principales obstáculos que se encuentran son “la dificultad de accesibilidad a las instalaciones y servicios, la no disponibilidad de información en formatos accesibles, las actitudes paternalistas que cuestionan su capacidad o la falta de formación de los profesionales que trabajan en ella” 

La diputada del PP, María Cuesta, defiende que la Proposición no de Ley de los populares busca mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad que residen en el medio rural ya que “en algunos casos viven en pequeños pueblos o aldeas y tienen que desplazarse a muchos kilómetros para recibir rehabilitación o tratamiento”

Pide elaborar un estudio específico sobre sus necesidades para “identificar las demandas y recursos necesarios para garantizar su bienestar” así como poner en marcha un cronograma de actuación coordinado con las administraciones que incluya “un compromiso financiero que permita implementar medidas eficaces”

Explica que, según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, más de 950.000 personas con discapacidad residen en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes enfrentándose “a barreras insalvables en movilidad, autocuidado o donde el acceso a servicios como la atención médica no está garantizado” 

Cita a Castilla y León como “un modelo a seguir” en la implementación de políticas sociales efectivas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, con iniciativas como “la atención de Red y Dependencia o programas como A gusto en casa o INTecum que permiten que sigan viviendo en sus hogares”

Por su parte, el diputado del GPP, Antonio Martínez, denuncia que han pasado más de 50 días desde las trágicas riadas y el Gobierno de España no ha adquirido ningún compromiso con las personas con discapacidad afectadas 

“Estamos hablando de la pérdida de material ortoprotésico, dispositivos de asistencia personal, sillas de ruedas, audífonos, prótesis y otros equipos esenciales que han comprometido su autonomía personal”, explica, al tiempo que asegura que “es necesario establecer fondos específicos para la recuperación” 

Acusa al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de destinar “sólo tres millones de euros” para sufragar la reparación de los daños, reconstruir los mismos y para la compra de materiales necesarios para personas con discapacidad. “Meten todo en un mismo cajón de sastre”, añade 

Urge al Gobierno central “a que adopte medidas, pero sobre todo que amplie esas ayudas y las agilice"