Las empresas necesitarán una licencia única y no una distinta en cada comunidad autonóma, como ha ocurrido hasta ahora.
Actualmente una empresa que quería comercializar un producto, por ejemplo, tenía que cumplir requisitos distintos según el lugar de comercialización, algo que no pasa, ni siquiera, entre países miembros de la UE.
Con esta medida se traslada el modelo de funcionamiento europeo, de mercado interior único, al territorio español.
Se responde así a una reclamación generalizada entre operadores económicos nacionales e internacionales.
Las empresas sólo tendrán que cumplir con los requisitos de la comunidad de origen, bajo un principio de confianza mutua entre administraciones.
Esta ley se basa en la confianza y el reconocimiento de la responsabilidad de todas las administraciones: lo que es bueno para una, es bueno para todas.
Potencia la colaboración y coordinación entre todas las administraciones para mejorar la regulación y supervisión de buenas prácticas.
Según un principio de no discriminación, ninguna administración podrá perdir más requisitos que otra. El Consejo Nacional de Unidad de mercado velará por el cumplimiento de la ley.
Por primera vez, los ciudadanos podrán denunciar ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiebras en la unidad de mercado.
Se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre administraciones y autoridades para facilitar la supervisión.
La unidad de mercado supondrá un aumento del PIB del 0,15% anual los primeros diez años: 1.500 millones de euros al año.
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